La ley de Cambio Climático del Gobierno de Pedro Sánchez no contempla finalmente que Balears pueda prohibir la entrada de vehículos diésel a partir de 2025. Si bien el Govern había acordado dejar en stand by sus planes sobre los coches de gasoil ante el compromiso de que la ley nacional autorizaría a las islas a hacerlo y que, de hecho, así venía recogido en el borrador de la ley, el texto final no contempla que las islas puedan prohibir la entrada de diésels y deja cualquier restricción a la circulación de vehículos exclusivamente en manos del Gobierno.
La redacción final de la ley de Cambio Climático supone un incumplimiento del acuerdo entre la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, y deja ahora en el aire el veto balear al diésel para 2025. De que la ley nacional autorizase una regulación propia para las islas dependía que el calendario de la ley balear dejara de estar en suspenso. Sin embargo, según se ha asegurado en todo momento desde el Govern, su norma no ha sido modificada y sigue todavía vigente.
Ahora, el Govern puede optar por pedir al Gobierno que sea quien vete el diésel en las islas en 2025 dando por bueno así que las islas no tienen la competencia, aparcar definitivamente el veto y esperar al 2040 como el resto del país, o romper también su parte del acuerdo, levantar la actual suspensión una vez aprobada la ley nacional, seguir con sus planes y retar a Sánchez a llevar la ley balear al Tribunal Constitucional.
Poco más de medio año después de aprobarse la ley balear contra el Cambio Climático, que preveía la prohibición de nuevos coches diésel a partir de 2025 y de nuevos gasolina a partir de 2035, el Govern acordó a finales de 2019 dejar en suspenso la norma para evitar que fuera recurrida al Constitucional por el Gobierno. El compromiso de la entonces ministra y ahora vicepresidenta Ribera, con el vicepresidente Yllanes, era que la ley nacional autorizaría al Govern a hacer su propia regulación, lo que permitiría seguir con los planes para 2025.
Sin embargo, si bien el borrador de la ley sí llegó a incluir esa excepción para las islas, el texto final aprobado ayer en el Congreso y remitido ya al Senado ya no da esa posibilidad y deja exclusivamente en manos del Gobierno el veto a los coches diésel y gasolina.
Con la suspensión de la ley balear y la falta de autorización en la ley nacional, el veto al diésel queda en el aire
Donde en el borrador publicado en febrero la ley contemplaba en línea con lo acordado con el Govern que «las comunidades autónomas insulares, por la singularidad de sus territorios, podrán, previo informe favorable del Gobierno y dentro de su ámbito territorial, acordar medidas de promoción de movilidad limpia, coherentes con la normativa comunitaria sobre comercialización de vehículos», el texto final deja una redacción que no tiene nada que ver y que se limita a prever que «las comunidades autónoma insulares, considerando su vulnerabilidad frente al cambio climático, podrán instar al Estado el establecimiento de medidas de promoción de movilidad limpia, consistentes en restricciones en su ámbito territorial de la circulación de turismos y furgonetas». Así, donde el Govern podía acordar sus propias medidas sólo con un informe del Gobierno, ahora ya sólo puede «instar» al Gobierno a que sea él quien lo haga.
Yllanes celebra la ley
Con la suspensión del veto al diésel, Armengol defendió en ese momento que la ley balear seguía vigente y que si el Gobierno no cumplía con su parte del acuerdo, estaba en manos de Balears levantar la suspensión, aplicar el veto en 2025 y dejar que fuera el Constitucional quien resuelva.
Sin referencia alguna al entuerto, el vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Juan Pedro Yllanes, celebró ayer a través de sus redes sociales la aprobación de la Ley de Cambio Climático en el Congreso, señalando que «Balears y España ya son pioneras en la lucha contra uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan las sociedades».
Por contra, el senador de Més, Vicenç Vidal, recordó que la prohibición de nuevos diésel en 2025 era una medida aprobada en Balears «de forma soberana» y lamentó que «parece que no interesa a los lobbies de Madrid, ya que ha sido parada para no acabar en el Constitucional y ahora la ley estatal no la preve». En esta línea, Vidal anunció enmiendas al texto en la tramitación en el Senado.
