El Govern destinará 51,1 millones de euros a más de 27.000 personas vulnerables que se puedan acoger a las políticas de ocupación durante los próximos tres años. Así lo anunció ayer la presidenta Francina Armengol durante la presentación de este acuerdo al que ha llegado el Ejecutivo balear junto al tercer sector social de las islas. «Este es un convenio histórico para nuestra comunidad y marcará un antes y un después en las políticas activas de ocupación».
Una reunión en la que se puso encima de la mesa los principales objetivos de un acuerdo que estará en marcha durante los próximos tres años y que pretenderá ayudar a los individuos más vulnerables. «El presupuesto será de 51,1 millones de euros e irá destinado a servicios de orientación laboral, impulsar empresas que apuesten por la inserción de estas personas y campañas de sensibilización». A esta presentación acudieron también el conseller de Modelo Económico y Turismo, Iago Negueruela; la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago; y una de las principales representantes del tercer sector social, Sonia Castro.
Pioneros
«Balears es pionera porque no hay ninguna otra comunidad que desde Empleo haya impulsado un pacto de políticas específicas para los más vulnerables», aseguró Castro, quien también analizó los principales beneficios de esta apuesta: «Permitirá que estas personas tengan derecho a acceder a los puestos de trabajo y se fomentarán los centros de educación, especialmente en la Formación Dual». Un argumento que compartió Armengol: «Este colectivo cuenta con capacidades diferentes y tienen que ser atendidos para que puedan encontrar un puesto de trabajo». El acuerdo incluye políticas de ocupación centradas en tres ejes: el mantenimiento y la creación de lugares de empleo para este colectivo, la orientación y el acompañamiento laboral y la formación profesional para la ocupación, como por ejemplo la propia Formación Dual.
El documento presentado ayer pondrá en marcha la concertación social para los procesos de orientación laboral, una posibilidad prevista en la Ley de Concertación social de 2018, aprobada por el Parlament. De esta forma, Balears será la primera comunidad en establecer este sistema de gestión para los procesos de orientación de los colectivos más vulnerables. Otro punto importante del acuerdo entre Govern y el tercer sector es el reconocimiento a los centros especiales de ocupación como herramienta de integración laboral y social de las personas con capacidades diferentes. Con este pacto, Armengol defendió que «no sólo se garantizará un derecho subjetivo de las personas que acceden al servicio de orientación, sino que también permitirá estabilizar plantillas y organizar mejor el trabajo de las entidades».
Finalmente, entre los aspectos del acuerdo se decidió continuar el proceso de innovación e integración de las diferentes políticas de ocupación junto a las políticas sociales, y reforzar la divulgación y la sensibilización del trabajo del tercer sector, poniendo en marcha campañas de sensibilización.
