El Consejo de Estado se ha pronunciado a favor de indemnizar con 65.400 euros a los familiares de un preso de la cárcel de Palma, que falleció como consecuencia de un incendio que él mismo provocó en la celda que ocupaba. La indemnización la cobrarán la madre de este recluso, de nacionalidad marroquí, así como uno de sus hermanos. El padre ya recibió una indemnización anterior de más de 50.000 euros.
Fue la abogada de los familiares la que acudió a esta institución del Estado para denunciar el mal funcionamiento de la administración. En su escrito exponía que el recluso falleció el día 17 de junio de 2016 en el hospital, donde había sido trasladado tras descubrirse que se había intoxicado en la celda por monóxido de carbono.
El recluso estaba considerado un preso muy peligroso y agresivo, de tal forma que estaba sometido al régimen de máxima seguridad dentro de la organización interna de la prisión de Palma. Estaba solo en una celda y tenía muy limitadas sus salidas al patio. El recluso accedió a un sistema con el que pudo incendiar el colchón. No se sabe de qué forma consiguió unas cerillas, que utilizó para provocar el incendio. El fuego no se extendió porque el colchón de la celda era ignífugo. Sin embargo, lo que sí consiguió fue una gran humareda, que se extendió con rapidez por la pequeña estancia que ocupaba en la zona de máxima seguridad de la prisión.
Cuando los funcionarios se dieron cuenta del incendio el interno ya mostraba claros síntomas de intoxicación por monóxido de carbono. El preso fue trasladado con urgencia al hospital. Su estado era muy grave. Llegó inconsciente y los médicos no pudieron hacer nada por recuperarlo. Falleció cuando solo contaba con 33 años de edad.
La familia denunció en el Consejo de Estado que la Policía no pudo investigar el caso porque cuando acudió a revisar la escena la celda ya se había limpiado. También se acreditó que la zona carecía de detectores de humo.
Los responsables del centro señalaron que el preso no estaba incluido en ningún programa de prevención de suicidios. Sin embargo, el Consejo de Estado, para acreditar el mal funcionamiento de la administración, señala en su informe que el recluso antes del incendio trató de comerse el colchón para causarse daños. También se golpeó varias veces la cabeza contra la pared y tuvo que ser inmovilizado en diversas ocasiones.
Una inspección diaria
Una de las circunstancias fundamentales por las que se propone el pago de la indemnización a los familiares se centra en buscar una explicación por la que el interno pudo introducir cerillas en su celda. Recuerda el informe que la normativa señala que con estos presos peligrosos es necesario que se realice una inspección diaria de la celda, así como un cacheo del recluso.
Además, cuando existen sospechas de que el interno posee objetos prohibidos se permite recurrir al desnudo integral, informando de ello al director. E insisten los consejeros en que este cacheo debe ser diario. Sin embargo, en este caso al menos en tres ocasiones no se le realizó ningún cacheo. De allí que se explique que pudiera introducir unas cerillas o un mechero.
Esta falta de cacheos diarios demuestra, a juicio del Consejo de Estado, que queda acreditado un funcionamiento anormal del servicio público. Tanto es así que se imputa a la Administración el daño sufrido. Esta muerte fue investigada por el juzgado, que decretó su archivo, sin imputar responsabilidad alguna a los funcionarios o la dirección del centro. Ello, sin embargo, no impide determinar la responsabilidad de la Administración.
