La conselleria de Salud iniciará esta semana el camino para la implantación de la ley de eutanasia en Balears con una «primera sesión preparatoria» entre responsables del departamento que dirige Patricia Gómez. Esta reunión es un punto de partida para desarrollar la ley aprobada la semana pasada por el Congreso de los Diputados, aunque Salud rechazó informar del día en que este encuentro tendrá lugar —únicamente ha trascendido que se celebrará esta semana— y qué responsables políticos y/o médicos tomarán parte en él.
La ley de eutanasia entrará en vigor tres meses después de su publicación en el BOE, prevista para dentro de una o dos semanas. De este modo, cada comunidad autónoma dispondrá de un plazo relativamente corto de tiempo para activar la compleja maquinaria que permitirá desarrollar este nuevo derecho.
Salud esperará a conocer el detalle de la normativa cuando se haya publicado en el BOE, por lo que durante la cita prevista para esta semana «no se tomará ninguna decisión». En todo caso, sobre la mesa estará la creación de la comisión de evaluación autonómica, el organismo que decidirá sobre cada solicitud.
Esta comisión estará formada por un mínimo de siete miembros, entre los que debe haber médicos, psicólogos y juristas. Este organismo público dará luz verde a las solicitudes de eutanasia que cumplan con los requisitos que establece la ley y rechazará las que no lo hagan. En caso de que el paciente no esté de acuerdo con la decisión adoptada por esta comisión, podrá buscar el respaldo de un tribunal de lo contencioso-administrativo.
Este organismo deberá estar constituido y en funcionamiento seis meses después de la publicación de la ley en el BOE.
A lo largo de las próximas semanas Salud fijará el protocolo a seguir y se despejarán algunos interrogantes que planean ahora sobre la ley. Por ejemplo, quién administrará los fármacos que conducirán a la muerte del paciente y dónde tendrá lugar el proceso.
Asimismo, se creará un registro de facultativos objetores de conciencia con los que no se contará para participar en algún momento del procedimiento. «Debemos garantizar el derecho a dejar de sufrir y a conservar la dignidad hasta el último momento. Pero la muerte digna se puede manifestar de otras maneras. Nadie quiere morirse cuando le ofreces alternativas sostenibles como cuidados paliativos», manifestó hace dos meses a este periódico José Manuel Valverde, presidente del Colegio de Médicos de Balears (COMIB).
Dos supuestos
La ley que entrará en vigor dentro de tres meses se dirige a mayores de 18 años en plenas facultades mentales para tomar la decisión de morir y que estén en uno de los dos supuestos que fija la ley: sufrir una enfermedad grave incurable con un pronóstico de vida limitado o sufrir una enfermedad crónica y degenerativa, como por ejemplo ELA. En ambos casos tienen que mediar padecimientos insoportables para el paciente, que así tendrá que acreditarlo.
Esta nueva ley de eutanasia «establece muchas garantías», manifestó la profesora de Derecho Público de la UIB, Carmen Tomás y Valiente.
