Medio centenar de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), a los que se unió la teniente de alcalde de Modelo de Ciudad del ayuntamiento de Palma, Neus Truyol, desafiaron ayer el frío y la lluvia y se concentraron en la plaza de España para reclamar una ley estatal de vivienda digna.

Àngela Pons, portavoz de la PAH Mallorca, manifestó que si finalmente el borrador que maneja el Gobierno sale adelante, se convertirá en una ley que no va a ser «justa ni útil para el ciudadano, ya que beneficia a los grandes tenedores».

Su organización, junto con otras casi 70 entidades de toda España y los sindicatos CGT, CC OO y UGT, entre otros, reclaman que la nueva ley recoja el derecho a una vivienda digna, accesible y a un precio adecuado, con el fin de que ninguna persona no disponga de un hogar.

Igualmente, exigen que garantice la prohibición de los desahucios a personas vulnerables y sin alternativa habitacional, con la obligación de un alquiler social estable para los grandes tenedores y el realojo digno y adecuado a cargo de los poderes públicos.

También consideran que el nuevo texto legal debe asegurar y ampliar el parque público de alquiler social frente a la emergencia habitacional, y la regulación estatal de los alquileres, con precios adecuados a los salarios y la protección a los inquilinos.

Asimismo, consideran que se debe garantizar el suministro básico de agua, luz, gas y telecomunicaciones como parte de una vivienda digna, y asegurar una segunda oportunidad de forma efectiva a los hogares con deudas hipotecarias, medidas contra el sobreendeudamiento y abusos financieros e inmobiliarios.

Se debe ampliar también la dotación presupuestaria para viviendas sociales y políticas sociales de vivienda, asignando fondos europeos de recuperación a este fin, además de garantizar la participación activa de la población en toda la política de vivienda y urbanismo.

Podemos pide «más valentía»

Por su parte, Podemos Palma, que no participó en la concentración de ayer, pidió «más valentía al PSOE» y al ministro José Luís Ábalos, ya que la última propuesta presentada «opta por beneficiar a los propietarios con exenciones fiscales de hasta el 90%, pero no contempla lo que se acordó cuando se formó el gobierno de coalición a nivel estatal» en el sentido de intervenir en los precios del alquiler.