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Los jueces de Baleares acumulan 83.772 casos sin resolver por falta de medios

La estructura judicial de las islas precisa catorce nuevos juzgados para dar respuesta al alto número de asuntos que se presentan cada año

Carlos Gómez presentó los datos de la memoria judicial de 2020.

La estructura judicial de Balears sigue padeciendo los mismos problemas que arrastra desde hace décadas, que se traducen en que cada día va aumentando la cifra de casos por resolver. A final del 2020, pese a que fue un año especial marcado por la pandemia, los jueces de las islas habían acumulado un total de 83.772 casos, de distinta naturaleza, sin dictar sentencia. Y eso no significa que los jueces no trabajen, sino todo lo contrario, es que les llegan más casos de los que pueden asumir y ello se añade a que carecen de medios y personal para hacer frente a esta avalancha de asuntos.

Esta radiografía de la situación real de la Justicia en Balears aparece reflejada en la memoria judicial del año 2020, que fue presentada ayer por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Gómez. Mientras que en la jurisdicción penal y civil la situación es más o menos estable, en las áreas contencioso administrativo, social y mercantil es donde se acumulan más problemas. Según el presidente del TSJB, Balears precisaría catorce nuevos juzgados repartidos en varias jurisdicciones, con el problema añadido de que, si se concedieran, no habría espacio donde ubicarlos. De momento, este año está previsto que empiecen a funcionar dos nuevos juzgados, que servirán para paliar un poco esta complicada situación.

Los problemas que está provocado la pandemia sanitaria, en especial el confinamiento obligado, también tuvieron su repercusión en la administración judicial. Los juzgados de Balears recibieron alrededor de un 18% menos de casos, sobre todo en la jurisdicción penal. Aún así, se presentaron un total de 138.245 casos en los juzgados de las islas y se llegaron a resolver 131.963 asuntos, con un porcentaje algo inferior al del año anterior.

Como en toda crisis económica la conflictividad que se crea termina repercutiendo en los juzgados. Gómez explicó que esta situación todavía no ha llegado, debido a las medidas que ha impuesto el Gobierno. Sin embargo, una vez que esta protección desaparezca se teme un alud de demandas de empresas que presenten concurso de acreedores al quedar afectados por la crisis, o laborales de empleados que van a ser despedidos. El Ministerio de Justicia pretende adelantarse al problema, según explicó Gómez, y por ello se prevé reforzar con más jueces los juzgados de lo social y lo mercantil. Serán jueces que no estarán adscritos a ningún juzgado, sino que actuarán donde hagan falta. Balears cuenta en estos momentos con una tasa de 12,3 jueces por cada 100.000 habitantes. Es un dato que se sitúa por encima de la media nacional, pero que queda contrarrestado por el alto nivel de conflictividad. Según Gómez, la población flotante que recibe las islas provoca un alto nivel de conflictos judiciales. De hecho, Balears es la cuarta comunidad con el índice más alto de litigiosidad.

Por otra parte, la memoria refleja que el tiempo medio desde que se presenta una demanda, hasta que se resuelve, es de alrededor de un año.

El grave problema de la marcha de los funcionarios

Todos los juzgados de Balears sufren el grave problema que representa contar con una plantilla de funcionarios interinos. Y ello se debe a que los trabajadores que vienen de la Península no se quieren establecer en las islas, por el alto precio de la compra y de la vivienda. El sueldo que reciben apenas les llega para sobrevivir. Por esta razón, a la primera oportunidad que tienen buscan otro destino en la Península. Esta situación ha pasado hace pocos meses en la plantilla de funcionarios judiciales de las islas. Algunos juzgados se han quedado prácticamente vacíos, con apenas dos funcionarios de carrera, y ello ha obligado a recurrir al personal interino. Ahora mismo la bolsa de empleados eventuales está vacía. Carlos Gómez destacó que este problema de falta de personal dificulta la tarea de los juzgados. Se mostró pesimista sobre la posibilidad de encontrar una solución a corto plazo y señaló que los funcionarios de la Península que eligen las plazas de las islas se debe a que el Ministerio no les ofrece otra posibilidad, por lo que se ven obligados a cogerlas. 

El presidente del TSJB alerta de la marcha de funcionarios a otras comunidades por el alto coste de la vida en Baleares

El presidente del TSJB alerta de la marcha de funcionarios a otras comunidades por el alto coste de la vida en Baleares B. Ramon

Otro de los graves problemas para el que no se encuentra una solución a corto plazo es la falta de espacio. Se necesitan muchos más juzgados, pero el problema es que no hay sitio donde ubicarlos. Y esta situación se repite en todas los términos judiciales de las islas, salvo en Eivissa, donde se inauguró hace poco un edificio. Esta falta de espacio está obligando a dispersar los juzgados por varios edificios, cuando lo más conveniente sería que estuvieran todos en un mismo inmueble. 

Carlos Gómez explicó que la situación se solucionaría con unas nuevas dependencias que dispusieran de un espacio de unos 40.000 metro s cuadrados, es decir, el doble de lo que ocupa, para poner un ejemplo, el edificio de sa Gerreria. El presidente del TSJB señaló que se está buscando un solar que dé respuesta a las necesidades del servicio judicial y confirmó que este nuevo edificio estaría situado en Palma. 

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