La directora general de Territorio y Paisaje, Magdalena Pons, comunicó ayer a los impulsores del proyecto Mallorca Vivienda Joven que bajo ningún concepto el Govern va a autorizar esta iniciativa, al ubicarse en terrenos rústicos de Palma, Calvià y Llucmajor que se encuentran en áreas de potencial riesgo (APR) de inundación y de la Red Natura 2000, lo que hace inviable las pretensiones de poner en marcha edificaciones residenciales en estas zonas, según se informó desde este departamento.

Además, se considera que este proyecto, impulsado por el empresario Javier Cabotá, « se trataría de un ejemplo claro de urbanismo a la carta, lo cual va en contra de la política general de la conselleria de Medio Ambiente, de los Acuerdos de Bellver (que dieron lugar al pacto de Govern) e incluso de la legislación autonómica y estatal».

Tras el encuentro celebrado entre ambas partes, desde la Conselleria se alegó que «este proyecto va en contra de los principios básicos de la Ley del Suelo y de la Ley balear de Urbanismo que apuestan por un urbanismo sostenible», ya que en esta legislación «se prohíben las reservas de dispensación que es lo que entendemos pretenden los promotores. Además, la clasificación de suelo supondría saltarse toda la tramitación para la aprobación de planes urbanísticos, incluyendo el trámite de evaluación de impacto ambiental». Hay que recordar que la pretensión de la empresa promotora es que el Govern apruebe un decreto ley que clasifique como suelo urbanizable cuatro áreas de suelo rústico.

La postura de Magdalena Pons respalda la que ya expuso hace algunos días el director general de la Vivienda, Eduardo Robsy, que había calificado de inviable esta iniciativa.

La pretensión de los impulsores de Mallorca Vivienda Joven era la de edificar 1.300 viviendas en las zonas antes señaladas, de una, dos y tres habitaciones, con precios que debían de oscilar entre los 99.000 y los 180.000 euros, destinadas a personas de edades comprendidas entre los 18 y los 39 años. Este proyecto fue presentado junto a los presidentes de las patronales CAEB y PIMEM, Carmen Planas y Jordi Mora respectivamente, pero rápidamente éstos se desvincularon de esta iniciativa.