Otra vuelta de tuerca en el caso Cursach. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha ordenado reabrir la investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas por el juez Manuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán y los agentes del grupo de Blanqueo de la Policía. La sala de lo civil y penal anula el cierre de la instrucción y reclama nuevas pesquisas para aclarar si aleccionaron a un testigo -un trilero que actuaba en la zona de s’Arenal- para que mintiera en sus graves acusaciones contra varios policías y personas vinculadas al empresario. A cambio de estas declaraciones, habría obtenido beneficios en las causas judiciales que tenía abiertas. El instructor de las pesquisas contra Penalva y Subirán, Carlos Gómez, rechazó investigar estos hechos por falta de indicios suficientes, pero el TSJB ordena que se cite a declarar como investigado al testigo protegido del caso Cursach y se vuelva a interrogar al juez, el fiscal y los policías de Blanqueo por un delito de falso testimonio.
Esta acusación tiene su origen en un informe de la Brigada de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía presentado en junio del año pasado. Los dos agentes encargados de investigar las presuntas irregularidades, conocidos como ‘Los Juanes’, sugerían que el testigo protegido 26 del caso Cursach había lanzado falsas acusaciones a cambio de favores judiciales. Este hombre era un trilero de la zona de s’Arenal que tenía prohibido vivir en Mallorca, medida que Penalva levantó coincidiendo con su primera declaración en el caso Cursach.
El informe policial analizaba cuatro comparecencias de este testigo entre septiembre de 2016 y agosto de 2017. En ellas el hombre implicó a varios policías locales de Palma en delitos de tráfico de droga y prostitución, acusó a Cursach y sus directivos de tener «matones a sueldo» y dedicarse al narcotráfico y afirmó que introducían cocaína en Mallorca a través de un yate que atracaba frente a Tito’s.
Según sostenía la Policía Nacional, existían indicios de que el juez Penalva, el fiscal Subirán y los agentes del grupo de Blanqueo habían aleccionado a este testigo para que señalara diversos sospechosos y avalara con sus declaraciones el relato de otros testigos del procedimiento. ‘Los Juanes’ apuntaban que el análisis de los mensajes de Whatsapp interceptados evidenciaba estas irregularidades y señalaban que se había manipulado al testigo antes de sus comparecencias, por las que obtuvo el levantamiento de la orden de destierro que pesaba sobre él.
El magistrado Carlos Gómez, encargado de las pesquisas sobre la actuación de Penalva y Subirán, rechazó incorporar este informe y ampliar las investigaciones. Afirmó que estas nuevas acusaciones eran «hipótesis carentes de base». Gómez consideró que el juez y el fiscal habían actuado con el convencimiento de que el testigo decía la verdad y no apreció ninguna irregularidad en su proceder. El magistrado se limitó a remitir el informe a los juzgados de instrucción por un supuesto delito de acusación y denuncia falsa cometido exclusivamente por el testigo protegido.
Tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones particulares recurrieron esta decisión del instructor ante la sala de lo civil y penal del TSJB. Con estos recursos todavía pendientes de resolver, Gómez decretó en diciembre pasado el cierre de la instrucción. En su auto limitaba la acusación contra Penalva y Subirán al delito de revelación de secretos por las filtraciones de sus pesquisas y descartaba los delitos más graves que les atribuían.
Reabren el proceso
Los magistrados de la sala de lo civil y penal del TSJB Pedro Barceló, Antonio Terrasa y Fernando Socías decretaron ayer la reapertura del caso. Por un lado aceptaron los recursos para que se investigue la supuesta manipulación del testigo protegido para aclarar si «buscaba engañar con mentiras a los investigadores para beneficiarse en la causa sobre el trile [...] o si pudo ser inducido o guiado». Los magistrados acuerdan que se interrogue al testigo protegido 26 en calidad de investigado y que se vuelva a tomar declaración a todos los imputados.
Esta decisión acarreó otro auto, dictado también ayer por la misma sala, que revoca el cierre de la instrucción para que puedan practicarse las nuevas diligencias acordadas.
