Javier de Juan, presidente del IMAS, declaró ayer en la comisión política que se ha creado para investigar los casos de prostitución de niñas que estaban tuteladas por esta institución del Consell, con la ausencia de PP y Vox. El responsable político afirmó que ni un solo caso de una menor tutelada que fue prostituida, de los 16 reconocidos, hubiera sido captada en ninguno de los centros donde vive. De Juan defendió su gestión y afirmó que Mallorca se ha convertido en «un referente de acogimiento familiar». Explicó que no fue hasta noviembre del año 2019, poco antes de que Diario de Mallorca denunciara que niñas acogidas estaban siendo prostituidas, cuando tuvo conocimiento de esta situación, que no solo se producía en la isla, «sino en todos los sitios. Este problema está en toda la sociedad». Detalló que estaba previsto crear una comisión para afrontar esta problemática, pero decidió hacer público el problema antes de su creación. Explicó que muchos de los casos que se investigaron se producían en casos de niñas que vivían con familias en un régimen de protección.
El presidente de esta institución social señaló que tras dar a conocer estos casos de explotación se han mejorado los métodos de detección de menores prostituidas por adultos, y explicó que ahora se actúa mucho más rápido cuando se detecta una fuga de un menor que no retorna al centro donde reside.
En su comparecencia se mostró muy crítico con los partidos políticos que han intentado sacar un beneficio por este escándalo. Y por esta razón consideró que se debería hacer un ejercicio de reflexión y habría que apostar por una unidad política para afrontar este problema y encontrar una solución.
Volvió a reiterar su posición en contra de crear una comisión de investigación sobre estos casos de explotación de menores y, en cambio, apoyó esta comisión política para poder analizar el problema y trabajar en beneficio de una solución que ayude a proteger a estos menores con problemas. De Juan afirmó que siempre ha actuado con transparencia y reconoció que esta situación ha provocado un clima de tensión entre los trabajadores del IMAS, que ha repercutido también en los menores protegidos. «Estos temas no se pueden tratar con esta crispación», señaló el compareciente, que afirmó que muchos políticos han realizado afirmaciones muy duras sin tener el más mínimo conocimiento sobre los temas sociales. «Para trabajar en la atención social se necesita tranquilidad y ha sido terrible que se haya puesto en duda todo el trabajo de protección», denunció De Juan. Explicó a los diputados que antes de que se conocieran estos casos los niños no tenían ningún problema en reconocer que vivían en un centro de protección, pero ahora lo esconden porque a muchas de las menores las han calificado de prostitutas. «El discurso de odio no lleva más que a la destrucción del sistema de protección», insistió el presidente de esta institución del Consell.
Antes que el presidente del IMAS, ante la comisión política declaró la directora insular de Infància i Familia. María Ángeles Fernández, que de profesión es trabajadora social. Detalló que ella en el año 2014 ya había detectado casos de prostitución de niñas que vivían en un régimen de protección. Afirmó que no era cierto que existiera una red de captación de estas menores y aseguró que de los casos detectados, solo dos de ellos estaban conectados.
La directora insular aseguró que se ha trabajado mucho en la detección y también se han mejorado los canales de comunicación con las fuerzas de seguridad, sobre todo para informar de la fuga de los menores. Explicó que se está centralizando la información de cada denuncia, cosa que no se hacía antes, y reiteró que las órdenes que se han dado es que la valoración de cada caso se realice en un periodo máximo de seis meses. Sobre las fugas de los centros afirmó que en el último año se han reducido en un 20%, si bien reiteró que cuando un menor, sobre todo chica, no regresa al centro es un claro síntoma de que se encuentra en peligro.
