El Juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza repitió ayer jueves 4 de marzo, por orden la sección segunda de la Audiencia Provincial, el juicio contra el promotor que explota la vivienda del islote de Tagomago, Matthias Kühn, y el constructor que ejecutó las obras ilegales en este inmueble, Guido Hecker, celebrado en 2017. Ambos fueron condenados por este mismo juzgado por un delito contra la ordenación del territorio a una pena de seis meses de prisión, el pago de una multa de 5.400 euros y la inhabilitación durante dos años para ejercer la profesión de promotor y constructor.
La Fiscalía de Ibiza recurrió esta sentencia porque considera que la magistrada Martina Rodríguez debería haber ordenado la demolición de las obras ilegales. Además, por su parte, el abogado de Matthias Kühn, que entonces era el exfiscal anticorrupción Pedro Horrach, alegó, en otro recurso, que para condenar a su cliente por un delito contra la ordenación del territorio se había aplicado el Código Penal de 1995 en lugar de la reforma de 2010, «más beneficiosa para el acusado» al entender que las obras realizadas podrían ser legalizables.
Precisamente este último punto es el que ayer se repitió en el Juzgado de lo Penal número 2 con el fin de que los dos acusados elijan cuál de las dos leyes prefieren para ser encausados, la de 1995 o la de 2010. La magistrada dejó el caso, de nuevo, visto para sentencia.
En el caso de que nuevamente los acusados sean condenados, la jueza deberá «motivar adecuadamente» si se deben o no derribar las obras ilegales del islote, según especificaron los magistrados de la Audiencia.
Según la acusación, las obras por las que fue condenado Kühn fueron ejecutadas en un Área Natural de Especial Interés (ANEI) del más alto nivel de protección, además de formar parte de la Red Natura 2000 como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA), y consistieron en la pavimentación de unos 470 metros cuadrados adyacentes a la vivienda (una zona embaldosada dividida en dos niveles unidos por una escalinata de cinco escalones y una terraza que bordea la parte posterior de la casa).
Muro de nueve metros
También se levantó un muro de nueve metros de longitud por tres de altura y, en la parte trasera de la vivienda, se construyó un camino de piedra y cemento de 1,5 metros de ancho y 20 de largo que la unían a otras construcciones que albergaban los aparatos de aire acondicionado, lavadoras y grupos electrógenos. Se aumentó la altura de dicha construcción para proteger el grupo electrógeno y almacenar combustible.
Igualmente se pavimentó un camino de unos 80 metros de largo para unir la casa con el camino del faro, y se construyó en la zona del puerto una caseta de piedra y cemento (de 1,20 metros de ancho y 1,50 de alto) para guardar un motocarro.
El promotor presentó un proyecto de legalización ante la conselleria balear de Medio Ambiente, que informó favorablemente en junio de 2012, pero es el Ayuntamiento de Santa Eulària el que debe otorgar la licencia.
