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La firma del acuerdo de expropiaciones a grandes propietarios revoluciona la política de vivienda del Govern

La expropiación a grandes tenedores inicia un camino inexplorado dentro y fuera de Baleares u Los afectados serán notificados en breve u Un jurado decidirá la compensación en caso de desacuerdo

Un piso en venta en el centro de Palma B. Ramon

El acto de la firma de la resolución que abre el camino para la expropiación temporal a grandes propietarios supuso la presentación en sociedad del conseller Josep Martí, relevo de Marc Pons al frente de la conselleria de Vivienda. Y también su primer dolor de cabeza. La iniciativa estaba recogida en la ley de vivienda balear de 2018 y regulada en un reglamento aprobado en 2019. A nadie debería haberle sorprendido que el Govern haya iniciado el proceso para hacer cumplir su propia ley, pero lo cierto es que ha acabado siendo motivo de controversia dentro y fuera del archipiélago. Estas son algunas de las claves de una iniciativa inédita en Baleares y en el conjunto de España.  

Registro de pisos vacíos 

¿Qué es un gran tenedor para la conselleria de Vivienda?

Aquellas empresas y particulares propietarias de más de diez inmuebles. La ley de vivienda balear establece que si han permanecido desocupados durante al menos dos años, deben ser inscritos en el Registro de pisos vacíos de la Conselleria para destinarlos a alquiler social. Los 56 pisos seleccionados para su expropiación forman parte de ese listado en el que hay cerca de 800 viviendas. 

Cesión contra propiedad

¿Qué implica una expropiación temporal de uso?

La fórmula elegida por el Govern implica una cesión de uso de las viviendas durante siete años. Es decir, formalmente la propiedad de los inmuebles va a seguir siendo de los bancos y fondos buitre afectados -n o hay inmuebles de particulares en el Registro-, mientras que la conselleria de Vivienda, a través del Ibavi, gestionará los alquileres sociales como si fuera una inmobiliaria.

Primeros afectados

¿Quiénes son los grandes propietarios afectados por esta primera expropiación?

La titularidad de los 56 inmuebles candidatos a ser expropiados son «quince sociedades, cercanas entre sí», explicó el director general de Vivienda, Eduardo Robsy. Se trata de bancos y empresas inmobiliarias que todavía desconocen que sus inmuebles serán expropiados temporalmente. En las próximas horas la resolución se notificará en el BOIB y poco después se publicarán anuncios en prensa escrita para que se den por enterados. No se informará de la ubicación física de los inmuebles por temor a que sean ocupados.

Calendario

¿Cuándo podrán habitar los pisos las primeras familias?

Los primeros beneficiarios de estos alquileres sociales podrían mudarse a finales del verano, aunque ese es el escenario más optimista. Queda por delante un largo proceso administrativo que incluye la notificación a los interesados, la apertura de un periodo de alegaciones, diversas inspecciones en las viviendas y la redacción de nuevos informes, y la ratifación en el Consell de Govern. Después de todo eso los grandes tenedores afectados podrán buscar amparo en los tribunales ordinarios, lo que plantea otros interrogantes. Los beneficiarios saldrán de la lista de espera del Ibavi, que supera las cuatro mil personas.

Litiginosidad

¿Un tribunal podría revocar el proceso de expropiación?

«Se podrían acordar unas medidas cautelares, pero en principio todo está desarrollado para que las decisiones judiciales no afecten de forma negativa a los términos de tramitación del expediente», indicó Robsy el martes, después de la firma de la resolución. Vivienda sabe que el camino iniciado puede desembocar en los juzgados, como ha sucedido con otras iniciativas audaces que ha llevado a cabo el Govern, pero Robsy está convencido de que, en todo caso, se discutirá «el importe» de los alquileres a percibir, no la naturaleza de las expropiaciones.

Jurado de cesión

¿Qué compensación recibirán los tenedores y quién arbitrará si hay desacuerdo?

La Conselleria abonará a los afectados 1,8 millones de euros en un solo pago, lo que equivale a una media de 391 euros mensuales por inmueble -408 en Mallorca, donde el parque de alquiler está más recalentado-. Son rentas muy por debajo de las que se pagan en el mercado libre de alquiler: la renta media en Baleares es de 624 euros. El Ibavi se responsabilizará a su vez de cobrar un alquiler a las familias beneficiarias, en muchos casos una cifra residual teniendo en cuenta que los candidatos a ocupar estos pisos tienen pocos o ningún ingreso. 

Las cantidades de la compensación no son definitivas. En caso de que los grandes tenedores estén en desacuerdo, mediará el Jurado de Cesión de Viviendas Desocupadas, un órgano recogido en el reglamento de 2019 que estará formado por abogados, arquitectos y funcionarios. Se constituirá en breve.

Habitabilidad

¿En qué estado se encuentran los pisos y quién pagará las reformas?

Los 56 inmuebles candidatos se consideran los más idóneos por su ubicación en zonas con mucha demanda de alquileres sociales -Palma, Inca, Llucmajor, Manacor y Calvià-, están en edificios plurifamiliares y no superan los 80 metros cuadrados. Las reformas necesarias oscilan entre una mano de pintura en algunos casos y cambiar baños y cocinas en otros. Para estos trabajos hay presupuestados 400.000 euros que tendrán que abonar los propietarios. En caso de negativa, adelantará las cantidades la administración y después lo descontará de la compensación de 1,8 millones de euros.

Recorrido

¿Están previstas más expropiaciones de pisos inscritos en el Registro?

De momento, no. Buena parte de los inmuebles inscritos en el Registro de pisos vacíos se han descartado al no reunir los requisitos -por ejemplo, chalets- y otros están demasiado deteriorados o sufren ocupaciones ilegales. Tampoco se ha inspeccionado la totalidad de los activos, pero en la Conselleria no quieren precipitarse. El Registro se va actualizando con la incorporación de nuevos pisos. Según Robsy, diez inspectores rastrean en busca de más candidatos. 

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