Ni pasaporte de vacunación para limitar movimientos y acceso a instalaciones de uso público, ni sanciones por no inmunizarse. Juristas y epidemiólogos rechazan ambas opciones por inconstitucionales. Y el Centro europeo para la prevención y el control de enfermedades (ECDC por sus siglas en inglés) tampoco lo recomienda. La solución, coinciden, debe llegar desde el Gobierno español haciendo obligatoria la vacuna al tratarse de una situación excepcional como una pandemia, y desde la Unión Europea (UE), con una normativa común para todos sus estados miembros que ya tiene en estudio.
La polvareda que se ha levantado es considerable. España defiende implantar un pasaporte sanitario para que los vacunados contra el covid-19 puedan viajar sin restricciones y, sobre todo, recuperar el turismo. Y Galicia ha aprobado una ley que permite sancionar con hasta 60.000 euros a los que se nieguen a vacunarse “cuando se produzca un riesgo o daño muy grave para la salud de la población”.
El catedrático de Derecho Constitucional Francisco Bastida explicó que el pasaporte de vacunación para viajar a un país, igual que la exigencia de una prueba PCR, no afecta al derecho individual, y que “parece lógico que se pueda exigir por motivos sanitarios”. Distinto es que se exija para acceder a establecimientos de uso público. “Eso sí sería inconstitucional, salvo que lo regule la autoridad sanitaria al tratarse de una pandemia, pero debe justificar esa medida y demostrar que es necesaria, idónea y proporcional, y que no existe ninguna otra alternativa”. Añadió además que la vacunación no es obligatoria en España, pero que, si se llega a implantar un pasaporte de vacunación, “los ciudadanos deben saber que va a tener restricciones en su libertad de movimiento por motivos sanitarios”. En cuanto a la ley sancionadora aprobada por el parlamento gallego, es “claramente inconstitucional porque no tiene competencias. Solo el Estado puedo hacerlo”.
El jurista Javier Junceda coincidió en la totalidad del planteamiento e hizo hincapié en que existe la Ley de autonomía del paciente, “que establece el derecho de las personas a no recibir tratamiento”, y que “en España no es obligatorio vacunarse”. Pero, además, “los datos sanitarios son de especial protección”. “El asunto es conflictivo y la decisión que se adopte debe ser a escala comunitaria, con especial cuidado al respeto a la libertad de movimientos de los ciudadanos europeos”, señaló. Junceda añadió, respecto a la ley aprobada por el PP de Galicia, que “el Tribunal Constitucional ha reiterado que en materia sanitaria el margen de las comunidades autónomas es muy estrecho y ese tipo de sanciones no entra en sus competencias”.
Ambos especialistas coincidieron con los epidemiólogos en que la solución al pasaporte de vacunación para moverse entre países debe venir de la Unión Europea con un acuerdo entre Estados. Pedro Arcos, profesor de epidemiología de la Universidad de Oviedo, explicó que existe desde 1986 la Ley de medidas especiales en materia de salud pública, que permite obligar a vacunar “si fuera necesario”, aunque no es partidario porque “históricamente la vacunación voluntaria siempre ha funcionado muy bien y hay coberturas vacunales altísimas sin obligatoriedad. En España no hay casi rechazo a las vacunas ni negacionistas”.
“Solo existe un certificado internacional de vacunación en el caso de la fiebre amarilla, que no tiene variantes y protege durante 10 años, pero la del covid-19 es diferente. No hay suficientes vacunas para todos, y además, el virus muta y las vacunas actuales no es seguro que sirvan el año que viene, como ocurre con la gripe”. Pero además, aún “no está claro cuánto tiempo dura la inmunidad, y aun estando vacunado, uno puede transmitir el virus y contagiar a otras personas”. En cualquier caso, “para que un certificado de ese tipo funcione realmente, debe ser acordado en todos los países de la UE; si no, no servirá”.
El epidemiólogo y exejecutivo de la OMS Daniel López Acuña también se refirió al certificado internacional de vacunación. “Implantar esa especie de pasaporte no es un invento de ahora. La clave está en usarlo de manera apropiada para no generar discriminaciones ni establecer limitaciones en la libertad de movimientos de las personas. Se evitaría tener que realizar las PCR y guardar la cuarentena al viajar, pero quienes lo planteen como un salvoconducto para la realización o prohibición de actividades, se equivocan. Aún falta mucho para que todos estemos vacunados”, explica. También se mostró partidario de que la vacuna contra el covid-19 sea obligatoria, “porque es un requisito de salud colectivo”, y se opuso a la nueva ley de Galicia. “Es competencia del Estado y no de las comunidades autónomas”, afirmó de forma taxativa.
