El Tribunal Supremo ha dictaminado que 228 empleados de un ente público del Govern, la Fundació per la Dependència, deben ser declarados como personal «indefinido no fijo» de la entidad pública. El sindicato CSIF, junto a otras organizaciones sindicales, promovió en 2018 una demanda colectiva contra el Govern al considerar que estos más de 200 trabajadores llevaban muchos años encadenando contratos. El Tribunal Superior de Justicia de Balears estimó la demanda y los calificó como «indefinidos fijos».
El Govern recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo y ahora el alto tribunal ha estimado en parte las demandas del Ejecutivo, de tal forma que elimina la condición de fijo pero mantiene la de indefinido. Ello significa, según explicaron desde el sindicato CSIF, que estos trabajadores pueden seguir ocupando su empleo hasta que la administración convoque la plaza mediante concurso.
La Fundació per la Dependència cuenta con unos 500 trabajadores que se encargan de realizar las valoraciones de las personas dependientes y de tramitar los grados. Asimismo, en el caso de Menorca y Eivissa son los empleados de las residencias geriátricas, ya que todavía tiene las competencias el Govern. En Mallorca las gestiona el Consell a través del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS).
A finales del año 2018 los representantes de los trabajadores llegaron a un acuerdo con la entidad pública para que estos empleados temporales se convirtieran en fijos traspasado el periodo de tres años realizando su jornada laboral. Sin embargo, la Fundació per la Dependència incumplió este acuerdo. Fue en este momento cuando los sindicatos decidieron recurrir el incumplimiento. Los trabajadores mantienen que al ser una fundación de naturaleza privada sus condiciones laborales deben ser como las de cualquier empresa y después de tres años trabajando los contratos se convierten en fijos indefinidos.
Marina Martínez es la delegada del CSIF en el comité de empresa de la Fundació per la Dependència. Sobre este conflicto explicó que «nosotros somos personal laboral y, pese a que es una fundación pública, nos regimos por el derecho laboral privado». En este sentido, Martínez puso un ejemplo muy gráfico: «Si yo fuera trabajadora de la mercería Pepita, al cabo de tres años de trabajo me tendrían que hacer fija. Este es el mismo caso». Pese a ello, Martínez se mostró satisfecha de que el Supremo ratifique gran parte de sus demandas.
Recurso de la CAIB
El recurso interpuesto por el Govern ante el Supremo consigue que el alto tribunal elimine la condición de fijo. Para ello argumenta que la Fundació per la Dependència es una entidad de carácter público y está enmarcada en el llamado sector público instrumental. Por consiguiente, no se puede regir como una empresa privada y hacer fijos a sus empleados después de tres años, como mantienen los sindicatos.
Asimismo, el escrito de la Abogacía de la Comunidad apunta que dichas contrataciones se realizaron «de forma temporal» hasta que se realizara el proceso de selección, cosa que no ha ocurrido. Por este motivo, hay trabajadores de este ente que llevan más de 12 años encadenando contratos.
