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FP y la ‘Ley Celaá’: fin a 30 años de «injusticia y discriminación»

El STEI ya se ha reunido con la conselleria, pero «no será un proceso rápido»

Miren Cárcamo y Pablo de la Rocha, miembros de la APFP.                                                                                                                             	Lluís Segura, del STEI, en un momento de la entrevista. | G. BOSCH

Miren Cárcamo y Pablo de la Rocha, miembros de la APFP. Lluís Segura, del STEI, en un momento de la entrevista. | G. BOSCH

«Hemos estado 30 años discriminados, en un escalón por debajo de lo que nos toca. La nueva ley es lo más justo». Así se expresa Miren Cárcamo, docente de FP desde hace 35 años y profesora en el CIFP Borja Moll de Palma, en referencia a la LOMLOE o Ley Celaá, aprobada definitivamente a finales de diciembre del año pasado. Esta nueva legislación educativa, la octava de la democracia, tuvo sobre todo dos temas que saltaron a la opinión pública: la eliminación del castellano como lengua vehicular y las restricciones a la escuela concertada.

Aun así, hay un aspecto menos conocido y que afecta a gran parte de docentes de FP: el profesorado técnico (PTFP) con título universitario —aproximadamente un 90% del total de este cuerpo— formarán parte ahora del cuerpo de Enseñanza Secundaria, pasando así del grupo A2 al A1. Antes de 1990 este profesorado técnico se limitaba a hacer la parte práctica, pero con la ley de ese año (LOGSE) se ampliaron sus funciones incluyendo la teoría, por lo que hasta ahora han realizado el mismo trabajo que los docentes de Secundaria, con los mismos requisitos de acceso, pero en un escalón por debajo y con menor retribución. «Simplemente salíamos más baratos y reclamábamos esta equiparación», resume Pablo de la Rocha, profesor en el IES Ramon Llull de Palma desde hace 23 años y miembro de la Asociación de Profesores de FP (APFP).

La FP, una modalidad de estudio más valorada y prestigiada año tras año. B. RAMON

«La APFP de Andalucía empezó a organizarse hace tres años y poco a poco sus acciones se han ido extendiendo a toda España, consiguiendo al final esta enmienda en una ley orgánica», explica de la Rocha, añadiendo que el retraso en esta medida es el resultado de «la falta de voluntad política». Por su parte, el sindicato educativo STEI marca la aparición de los grados universitarios con el Plan Bolonia, que sustituyen —e igualan— a las antiguas licenciaturas y diplomaturas, como el «momento adecuado» para iniciar el camino hacia esta medida. «Si para ser del grupo A1 o A2 pasan a pedirte lo mismo, un grado, es necesario avanzar en esta reivindicación histórica», subrayan Lluís Segura y Rubén Hernández, miembros de la organización sindical.

La equiparación es competencia autonómica, y por ahora desde el STEI indican que ya ha habido una reunión con el Govern, aunque «estamos en la semilla del proceso, reclamamos sentarnos seriamente y que haya iniciativa por parte del Ejecutivo balear», remarcando que «no será un proceso rápido». Por otro lado, recientemente se ha creado la Plataforma PTFP Acceso A1, de ámbito estatal, con el objetivo de acelerar la puesta en marcha de estas medidas «antes de la finalización del actual curso».

La FP, una modalidad de estudio más valorada y prestigiada año tras año. B. Ramon

Hacia un «cuerpo único»

«Este es un gran paso para llegar a la unificación de los cuerpos docentes, que todos estén en un cuerpo único», indica Segura. Por ahora, la integración incluirá a los titulados universitarios, lo que supone el 90% del profesorado técnico. El 10% restante seguirá como hasta ahora, pero pasará a formar parte de un ‘cuerpo a extinguir’. «Ese grupo dejará de incorporar nuevos docentes, lo que empuja a obtener un grado universitario, un conocimiento más transversal», apunta Cárcamo, miembro también de la APFP.

Estas medidas se suman al auge y prestigio actual de la FP. En Baleares hoy existe un boom con este tipo de estudios, con tres mil matriculaciones más -19.606 en total- que en el curso pasado, un incremento de 5.000 demandas en comparación con 2019 y un 75% de inserción laboral a los tres años de haber finalizado la formación, según un estudio del Observatori del Treball.

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