El importe de las sanciones que impuso Consumo en el año 2020 aumentó en 731.000 euros respecto a 2019 en las islas. Una cantidad que procede de la tramitación de 299 expedientes sancionadores resueltos en el 2020. Son datos extraídos de la memoria anual que presentaron ayer la consellera de Salud, Patricia Gómez, junto al director general de Consumo, Félix Alonso, en la reunión del Consejo de Consumo. Este documento detalló el número de sanciones y reclamaciones que solicitaron los usuarios, así como las inspecciones que se llevaron a cabo por parte de los servicios de Consumo. A pesar de que en el 2020 la actividad económica y comercial quedó paralizada durante los meses de confinamiento, el importe de las multas aumentó de forma considerable. Según informa la memoria de Consumo, esta subida se debió a múltiples factores.
Por un lado, se realizaron importantes campañas de inspección en el sector eléctrico, vinculadas a la información de los precios de servicios de consumo ofertados vía web a los usuarios. Otro de los elementos que fue inspeccionado fue la venta y distribución de productos industriales, sin etiquetado, llegando a imponer multas superiores a los 150.000 euros. Asimismo, las reclamaciones de los usuarios también fueron un elemento clave para la subida en el importe de las sanciones, sobre todo en el sector del ocio y en el transporte. Las cancelaciones de viajes por la crisis sanitaria y algunas prácticas de las aerolíneas consideradas «abusivas» hicieron que las demandas aumentaran por parte de los consumidores.
El ocio, gran señalado
De hecho, las actividades vinculadas al sector ocio como los viajes, alojamientos turísticos, restauración o los propios espectáculos son las que más quejas despertaron entre los consumidores. En concreto, en 2020 se abrieron 631 reclamaciones más que en el 2019. Otro de los campos donde también aumentaron las reclamaciones fue en los servicios financieros.
Por otra parte, el informe anual de Consumo destaca el crecimiento de las consultas y reclamaciones online y telemáticas, pasando a casi duplicar los resultados de las mismas respecto al año 2018. De hecho, este crecimiento de la herramienta telemática no sólo se plasmó en las consultas de los consumidores, sino que también se pudo ver reflejado en las inspecciones. De las 32 que se efectuaron en el 2020, 13 fueron online, entre ella inspecciones vinculadas al control de las ventas online y la publicidad de algunas páginas inmobiliarias.
Peligro de las mascarillas
En cuanto a los materiales incautados en las inspecciones, la mascarilla fue una de los más confiscados. En el contexto del primer semestre del año 2020, cuando llegó la pandemia a las islas, la producción de este tipo de materiales de protección era mínima, y durante los primeros meses con un precio bastante elevado. Por ello, surgieron diferentes imitaciones que no disponían de etiquetados oficiales y que podían ser inseguras para la población. De los 2.261.497 materiales detenidos, 2.242.053 fueron mascarillas. Sin duda, un año, el 2020, donde las demandas y reclamaciones en el consumo estuvieron marcadas por la pandemia y como afectó esta al sector más importante y determinante de las Balears, el sector del turismo y la hostelería.
