La diócesis de Mallorca registró a su nombre 137 inmuebles entre 1998 y 2015, cuando una ley del Gobierno de Aznar dio vía libre a la Iglesia para inmatricular bienes con una certificación. La mayoría, 106, son templos y dependencias complementarias. El resto son fincas, solares, viviendas y locales.
El Consejo de Ministros remitió ayer al Congreso de los Diputados un listado de 34.961 inmuebles inmatriculados en todo el Estado durante aquel paréntesis en el que la Iglesia pudo registrar a su nombre edificios, apartamentos o fincas con tan solo una certificación eclesiástica.
La relación, hecha pública por primera vez, abre la puerta a la reclamación por parte de particulares que consideren que tienen derechos de propiedad previos a la inmatriculación. El listado de los bienes relativos a Mallorca no depara polémicas, tampoco en lo referente a casos ya conocidos que han llegado a los tribunales: el del convento de Sant Jeroni en Palma, el de las murallas de Sant Salvador en Artà y el de Monti-sion de Pollença.
El listado reconoce 137 inmuebles registrados a nombre de la diócesis de Mallorca, de los que 99 se inscribieron con un certificado eclesiástico y el resto con «un título distinto» que el documento no concreta. El número de inmatriculaciones en el conjunto de Balears ascendió a 219. La mayoría, 171, están clasificadas como templo y otras dependencias, mientras que un total de 48 se enumeran con el epígrafe «otros destinos» e incluyen fincas, solares, huertos y pisos.
El archipiélago no se ha destacado en este capítulo, siendo la segunda comunidad autónoma que menos propiedades registró a nombre de la Iglesia durante aquellos diecisiete años, solo superada por el País Vasco. Contrasta con la hiperactividad de comunidades como Aragón que, con una población similar a la de Balears, inscribió 2.054 inmuebles a nombre de su diócesis.
«Dentro del recinto amurallado»
Iglesias, oratorios, rectorías, ermitas, casas parroquiales y hasta cementerios son las propiedades incluidas como templos y dependencias complementarias en el listado remitido por el Gobierno. En el caso de Mallorca, también figuran la Seu y el palacio episcopal, registrados a nombre del Obispado.
En Felanitx la Iglesia tiene registrados hasta tres oratorios, en Algaida aparece el Santuario de Cura y en el caso del santuario de Sant Salvador de Artà el listado especifica que solo pertenece a la parroquia «la iglesia, casa y explanada, que incluye la superficie comprendida dentro del recinto amurallado». Pero no las murallas, cuya propiedad ganó el municipio después de una pugna con el Obispado de Mallorca en los tribunales.
Pollença, en 2017, vivió un caso similar pero al revés. Esta vez fue la diócesis la que admitió que la iglesia de Monti-Sion era un inmueble de titularidad municipal, por lo que procedió a corregirlo en el registro. En el listado del Gobierno en la casilla correspondiente a ese registro figura un «cancelada la inscripción».
Finalmente, el listado confirma la propiedad del Obispado sobre la propiedad de la iglesia y el convento de las monjas jerónimas, que reclamaban para sí la titularidad del inmueble, un caso que también se ventiló en los tribunales.
«Terreno con caseta» en Alaró
Es más llamativo el apartado de propiedades a las que se adjudican «otros destinos». En Alaró, por ejemplo, aparece inscrito un «terreno con caseta» a nombre del Obispado de Mallorca. En Sineu, la parroquia de Santa Maria es propietaria de «una casa y una torre». La parroquia de Sant Pere de Esporles, por su parte, registra dos huertos y tres locales.
En Llucmajor la iglesia parroquial dispone de «una hospedería anexa» y una «hospedería de oratorio». Sin salir de este municipio, también llama mucho la atención que la Iglesia Católica Mitra Diocesana de Mallorca aparezca como propietaria de cuatro solares. Uno de ellos especifica que se trata de la «posible ubicación de la parroquia de s’Estanyol».
En general, son varias las parroquias que poseen fincas, terrenos y viviendas que tienen «otros destinos» que la función religiosa, aunque sin especificar. La parroquia de San Julián de Campos, por ejemplo, posee un «terreno en sa Ràpita».
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, subrayó ayer que las más de 30.000 inmatriculaciones registradas en todo el Estado «se han producido al amparo de una situación legal», aunque admitió que la consulta pública por parte de los ciudadanos «podría hacer posible la reclamación de los bienes en caso de conflictos sobre la titularidad de los bienes».
