La Sindicatura de Cuentas de Baleares (SCIB) ha pedido a la Conselleria de Educación, Universidad e Investigación que adopte las medidas pertinentes para garantizar la voluntariedad de las aportaciones que los centros concertados solicitan a las familias, así como que se garantice su carácter no lucrativo cuando deriven de servicios complementarios o actividades extraescolares.
El Consejo de la Sindicatura ha presentado al Parlament el Informe 184/2021 sobre la gestión de los conciertos educativos vigentes durante el curso escolar 2019-2020, que aprobó el día 10 de febrero de 2021.
Se trata de un informe de carácter específico mediante el cual la Sindicatura emite unas conclusiones del cumplimiento de legalidad sobre la gestión de los conciertos educativos y la gratuidad de la enseñanza en los centros privado-concertados más grandes de Baleares.
La conclusión general de la SCIB es que, excepto por algunas limitaciones recogidas en el informe, la actividad de la CAIB en materia de conciertos educativos se ha realizado, en los aspectos más significativos, "de conformidad con la normativa legal aplicable".
El organismo ha recomendado sin embargo al departamento que dirige Martí March que realice un estudio económico del coste de una plaza escolar de los centros concertados y el análisis de la suficiencia de los módulos de concierto para garantizar la prestación del servicio de educación en condiciones de gratuidad.
Además, la Sindicatura ha solicitado que se instrumenten las actividades de control necesarias para garantizar que los centros respetan los principios de gratuidad de la enseñanza y la voluntariedad de las actividades extraescolares y los servicios complementarios.
En términos generales, la Sindicatura advierte también que la Conselleria de Educación no lleva a cabo un "control efectivo" de la justificación de los módulos de otros gastos que han presentado los centros.
También en términos globales, el organismo ha detectado que los datos que se piden a los centros en relación a los gastos y los ingresos de funcionamiento no son suficientes para conocer los ingresos totales que obtienen de su actividad y el detalle conciso de los gastos, así como para poder explicar si los módulos son suficientes o no para su sostenibilidad.
Según consta en el informe, la mayoría de los centros seleccionados no aporta de forma completa la información de lasactividades y los servicios complementarios y de las actividades extraescolares.
La Conselleria, según el texto, no ha realizado, en ningún caso, los requerimientos necesarios para ampliar la información de los servicios y las actividades complementarias y extraescolares que los centros presentan de forma incompleta.
Tampoco ha llevado a cabo actuaciones posteriores en los casos en que las respuestas de los centros a los requerimientos han sido insuficientes.
La SCIB reclama también a Educación la redacción de una Instrucción que fije que datos se tienen que incluir en el certificado de acuerdo del Consejo Escolar que aprueba las cuentas o modificar el documento actual de ingresos y gastos para que sea homogéneo a todos los centros.
La SCIB ya realizó un Informe sobre la gestión de los conciertos educativos vigentes durante el curso escolar 2010-2011 (Informe 80/2012). Diez años después de esta fiscalización, se ha llevado a cabo una nueva con el fin de profundizar en algunos de los aspectos que no fueron tratados en el primer Informe y con el fin de comprobar si se han atendido las recomendaciones en materia de garantía de la gratuidad de la enseñanza.
Sin embargo, se ha constatado que las recomendaciones que se incorporaron al Informe 80/2012 han tenido un seguimiento muy poco significativo.
