La vacunación contra la covid el mismo día que llegaron las 165 primeras dosis de Pfizer por parte de tres cargos nombrados por el PSOE desataron ayer una tormenta política en Balears. Pese a los argumentos de Govern y Consell en defensa de sus cargos, los socios de Pacto, Podemos y Més, acorralaron ayer a los socialistas exigiendo «depurar responsabilidades políticas» y la dimisión de los vacunados. La consellera de Salud, Patricia Gómez, se cerró en banda ante podemitas y ecosoberanistas, cerrando filas con sus cargos e insistiendo en que si se vacunaron es porque sobraban dosis y entraban en el protocolo. Por la tarde, acabó revelando que otros tres directivos del IB-Salut se vacunaron el primer día de campaña en la residencia dels Oms.
Los argumentos de Govern y Consell defendiendo la vacunación el pasado día 27 de diciembre de la directora insular de Mayors del Consell, Sofía Alonso; el coordinador de la campaña de vacunación en las islas y alto cargo del IB-Salut, Carlos Villafáfila; y la subdirectora de Atención a la Cronicidad de la conselleria de Salud, Angélica Miguélez, adelantada el martes en la web de este diario, provocó ayer la reacción de los socios del PSOE, Podemos y Més, con duros pronunciamientos en los que exigieron su dimisión.
Mientras los ecosoberanistas emitían un comunicado en el que tildaban de «actitud insolidaria» y «aprovechamiento de su cargo» e informaban que ya habían trasladado la petición de dimisión de los afectados tanto a la presidenta del Consell, Catalina Cladera, como en el Consell de Govern, así como la necesidad de una «investigación interna» para «depurar responsabilidades políticas si se descubre cualquier irregularidad en la aplicación de los protocolos establecidos», desde Podemos, tanto el secretario autonómico de Memoria Democrática y líder del partido en Palma, Jesús Jurado, como el portavoz de Cort, Alberto Jarabo, instaban a la dimisión de los cargos vacunados «de forma fulminante» e incluso a «revisar el protocolo si es necesario».
La puntilla llegó desde las propias filas socialistas. El alcalde de Palma, el socialista José Hila, se sumó a la petición de dimisión en una entrevista radiofónica en la Ser con mayor dureza incluso que los socios, asegurando que «si pertenecieran a la institución que depende de mí, deberían dejar el cargo. No puedo ser más claro».
Con el eco del goteo de dimisiones por todo el país por vacunaciones polémicas, la última en el área de Salud de la Generalitat Valenciana del socialista Ximo Puig, el nerviosismo se apoderó ayer del ejecutivo autonómico, donde se acabó encontrando solo en la polémica el PSOE.
La consellera descarta el cese
El total desmarque de Podemos y Més en público tuvo también su réplica en privado. Los socios de Pacto mantuvieron durante la mañana una tensa reunión con la consellera de Salud, Patricia Gómez, a quien pidieron explicaciones por estas vacunaciones. La titular de Salud insistió en los argumentos dados tanto desde el IB-Salut como desde el Consell, asegurando que si se vacunaron fue porque sobraban vacunas y entraban en el protocolo por la «gestión directa» de la pandemia.
Después de días negándose a dar los nombres de los cargos de Salud vacunados contra la covid, una negativa que se mantuvo ayer durante toda la mañana, y con el PSOE habiendo afirmando incluso que «no hay altos cargos que se hayan vacunado», la consellera de Salud, Patricia Gómez, acabó revelando que otros tres cargos del IB-Salud, además de Villafáfila y Miguélez, se vacunaron contra la covid también el primer día de campaña de vacunación en las islas en la residencia dels Oms.
Según detalló Gómez, además de la directora insular de Mayores, la subdirectora de Cronicidad y el coordinador de la vacunación, recibieron la primera dosis el gerente de Atención Primaria, Miquel Caldentey, la directora de Enfermería de Atención Primaria, Consu Méndez, y una subdirectora de Enfermería de Primaria.
En todos los casos, la consellera de Salud descartó su cese. En línea con los argumentos ofrecidos estos días, la consellera Gómez explicó que de las 165 primeras dosis que llegaron, 62 fueron para usuarios, 90 para profesionales, y que al haber usuarios ausentes que se encontraban con sus familias por Navidad, sobraban otras once dosis que no se podían transportar y fueron las que se administraron los cargos mencionados y otro seis miembros del equipo de la campaña de vacunación.
Según detalla el protocolo de vacunación del Ministerio de Sanidad, debe vacunarse «el personal sanitario que trabaja en la gestión directa de la pandemia y en función de su riesgo de exposición». Un supuesto con el que Salud ya justificó la administración de la vacuna a los directores de los hospitales públicos de Mallorca o con el que la consellera defendió el martes la vacunación del concejal socialista de Servicios de Sociales del Ayuntamiento de Maó.
De todos los casos, todavía no ha habido dimisiones. El pulso en el Pacto todavía no ha terminado.
Armengol: «Lo que me quieran decir que me lo digan a mí, no a los medios»
Mientras los nervios iban en aumento en el seno del Govern, en Palma, la presidenta Francina Armengol se revolvía contra sus socios de Podemos y Més desde Cala Rajada. «Lo que me quieran decir que me lo digan a mí directamente en una conversación y no a través de los medios de comunicación», respondió a las críticas de sus socios por los cargos vacunados Armengol.
«Lo que tenga que hablar con los socios de Govern lo hablaré con los socios de Govern y lo que quiera hablar Més que lo diga en el Consell de Govern donde tenemos los espacios y donde escucharemos todas las propuestas», despachó la presidenta las críticas de sus socios de Pacto al ser preguntada por los medios.
La presidenta remitió a las explicaciones de la Conselleria de Salud, insistiendo en que «no se vacuna a nadie por ser político, sino que se vacuna bajo criterios técnicos». Según Armengol, si alguien se saltara el protocolo «obviamente se han de tomar decisiones», pero defendió que en el caso de los altos cargos vacunados se han seguido y que son los técnicos quienes deciden a quién se administra la vacuna.
Armengol defendió la vacunación de los casos concretos «por el trabajo técnico que hacen de atención directa a la enfermedad y a la gestión de residencias». «El protocolo se hace bajo criterios técnicos, en absoluto bajo ningún criterio político», trató de zanjar la presidenta.
