El Tribunal Superior de Justicia de Balears, a través de la sala de lo Contencioso, ha condenado a la Fundació Deixalles a devolver una parte importante de una subvención pública que recibió hace doce años, porque no ha podido justificar el destino que dio al dinero. La sentencia obliga a la fundación a devolver la cantidad de 176.954 euros, que corresponde tanto a la parte de la subvención que se le reclama como los intereses de demora, que alcanzan casi 50.000 euros.

La sentencia explica que la Fundació Deixalles se benefició de una subvención de casi 600.000 euros, otorgados por la conselleria de Treball i Formació del Govern balear. Esta ayuda de financiación pública se aprobó en el mes de septiembre del año 2008. El objeto de esta ayuda era financiar la organización de cursos de formación, que se celebraron en Palma, Sóller, Felanitx, Capdepera, Inca y Eivissa. Los alumnos que se beneficiaron de estos cursos eran personas con necesidades formativas especiales o con dificultades para su inserción profesional, para ayudarles a encontrar empleo.

En enero del año 2010 la entidad beneficiada presentó la documentación que acreditaba y justificaba el gasto de los fondos públicos. Este dossier de documentos fue analizado por el Servicio de Seguimiento Económico, que pertenece al Govern, que consideró que faltaban facturas que justificaran el destino del dinero recibido. Ante este problema el Govern se dirigió a la fundación pidiéndole que aportara una documentación complementaria para continuar con la labor de control económico. Estos documentos fueron entregados, pero fueron insuficientes.

En el año 2014 el Govern abrió un expediente y se concluyó que de la subvención recibida faltaban por justificar la cantidad de 127.073 euros. Por esta razón el Ejecutivo reclamó a Deixalles que devolviera esta cantidad recibida, a lo que había que añadir los intereses de demora, de tal forma que la cantidad definitiva que se le reclamaba sumaba la cifra de 176.954 euros, una cantidad muy elevada teniendo en cuenta que se trata de una organización benéfica que se encarga de atender a personas sin recursos.

La Fundación Deixalles ha intentado por todos los medios posibles a su alcance, a través de los tribunales, no devolver la cantidad económica que le reclama el Govern. Así, como principal argumento se señaló que ya había prescrito el periodo para poder exigirle la devolución de estos fondos públicos recibidos.

Sin embargo, toda la estrategia realizada por la Deixalles ha fracasado, dado que se ha considerado que el Govern tiene toda la legitimidad de controlar el destino del dinero público y de reclamar su devolución cuando no se justifican estos gastos. Sobre el tema de la prescripción, la sentencia considera que no existe, por lo que se condena a Deixalles.