«Haya o no haya intimidación o violencia». El Pi quiere que los propietarios de una vivienda okupada puedan recuperarla en menos de 48 horas y rechaza la reciente prohibición por parte del Gobierno de echar a los okupas que hayan entrado en una casa ajena sin utilizar la violencia. Por ello, los regionalistas han presentado una ofensiva en el Parlament contra esta última modificación legal sobre la respuesta a los okupas aprobada por el Gobierno.

En una modificación del real decreto ley de protección a los consumidores vulnerables aprobada este mes de enero, el Gobierno de PSOE y Podemos introdujo que «solo se permitirá el lanzamiento cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas». Es decir, salvo que un okupa entre en una vivienda agrediendo a sus moradores, éstos no pueden actuar. Si la okupación se lleva a cabo aprovechando la ausencia de sus propietarios, como ocurre en la inmensa mayoría de las okupaciones, no se puede actuar.

Por esta modificación, los regionalistas de El Pi han puesto el grito en el cielo en una iniciativa donde contraponen la decisión del Gobierno con la regulación en Alemania, Francia o Holanda, donde haya o no violencia de los okupas, en menos de 48 horas el propietario recupera su vivienda.

La iniciativa registrada por el diputado Josep Melià en el Parlament, y que consta de tres puntos, busca instar al Gobierno a «no aprobar y, si es necesario, derogar cualquier normativa que pueda retrasar o alargar los términos para que el propietario de un inmueble pueda recuperarlo de forma rápida e inminente en caso de okupación ilegal, haya o no haya intimidación». En la misma línea, el segundo punto defiende que el Gobierno «garantice» que el propietario de una vivienda okupada pueda recuperarla «en un termino breve de entre 24 y 48 horas».

Por ello, el tercer punto de la iniciativa se dirige directamente contra la última modificación, exigiendo al Gobierno «recuperar la regulación existente antes de la modificación legal introducida» con el último decreto en relación a la okupación sin violencia.

Defensa de pactos sucesorios

Los regionalistas también presentaron ayer otra iniciativa en la que reclaman que se protejan los pactos sucesorios del derecho civil de Balears. La iniciativa insta a que no se haga ninguna modificación del IRPF ni ninguna otra modificación fiscal que suponga un cambio en los pactos sucesorios.