La Delegación del Gobierno ha prohibido la manifestación de peluquerías y esteticistas convocada para hoy miércoles a las 11 de la mañana en el Born de Palma, por el riesgo de contagios de covid-19, al hallarse Mallorca en alerta máxima. La medida se toma después de fracasar los intentos de negociación con los promotores para que se desconvocara, con el objeto de evitar el elevado peligro de contagios indicado por la autoridad sanitaria. En el caso de que la protesta finalmente se lleve a cabo, desafiando la prohibición, sus promotores se exponen a ser sancionados. 

Precisamente la Delegación, a instancias de la Policía nacional, ha incoado expedientes sancionadores por valor de 124.000 euros para los promotores de la manifestación ilegal de los restauradores contra las restricciones del Govern, celebrada el pasado martes.

PIMEM ha citado a los peluqueros de Mallorca a esta concentración al apoyar la protesta nacional del sector para reclamar al Gobierno central que cumpla la promesa de volver aplicarles el IVA reducido y pasar del 21 al 10 %, tras cifrar la caída de su facturación entre el 40 y el 50 %.

 La Delegación del Gobierno, tras solicitar un informe a la autoridad sanitaria del Govern, ha decidido hace unos instantes prohibir el acto, argumentando que no se dan las condiciones debido a la alarma sanitaria y el elevado nivel de contagios en Mallorca en estos momentos. Se considera que no se ha de realizar ninguna manifestación en el contexto de nivel de alerta sanitaria 4 en el que se encuentra Mallorca y también se recomienda que se aplace hasta que el nivel de alerta sanitaria mejore.

El Gremio de Peluquerías Grepels-Pimem, la Asociación Sindical de Esteticistas de Baleares ASINEBA-PIMEM y el Gremio de Artesanos Peluqueros de Baleares GAPB ha convocado una concentración este miércoles de 11 a 12 horas en el Passeig del Born de Palma, con la que se unen a las Plataformas Peluqueros Unidos de España (PPUE) y "Creer en nosotros" del sector de Peluquería, Barbería y Estética para hacer visible la "grave problemática" del sector.

Recalcan que el Gobierno central consideró este tejido empresarial durante la pandemia como "sector esencial" y, reclaman que como tal debería soportar un IVA reducido del 10 %, en vez del general del 21 %, que atribuyen al "afán recaudatorio" del Gobierno, ha informado PIMEM en un comunicado.

El IVA reducido dejó de aplicarse en 2012 y, según las patronales, en aquel momento se aseguró que sería de manera temporal para paliar la crisis económica. Sobre ese incremento del tipo de IVA del 8 % al 21 %, señalan que fue "una subida de 13 puntos que la mayoría de empresas y autónomos decidieron asumir y no repercutir al cliente".

Explican que asumieron el coste de esa subida del IVA porque, de no hacerlo, la situación de crisis hubiese provocado una bajada de la demanda de estos servicios y porque la administración aseguró que la subida era temporal y el sector volvería a recuperar el IVA reducido.