Los negocios a los que el Govern ha obligado a cerrar durante los últimos días, para intentar frenar la expansión del coronavirus, van a poder reclamar una ayuda de 1.500 euros mensuales durante enero, febrero y marzo, según consta en el plan acordado ayer en la reunión del Pacto para la Reactivación, del que forman parte las Administraciones de las islas, los agentes sociales y algunos partidos de la oposición. Este dinero se destinará fundamentalmente a los establecimientos de restauración y gimnasios. Sin embargo, se fijan otras líneas de subvenciones y acceso al crédito al que pueden sumarse otras actividades igualmente afectadas por la pandemia.
En concreto, desde las administraciones públicas de las islas se han fijado cuatro líneas de ayuda a los empresarios, según explicaron las presidentas del Govern y del Consell de Mallorca, Francina Armengol y Catalina Cladera respectivamente, por un valor global de 103,5 millones de euros.
La primera es la destacada anteriormente, y a la que se dedica un fondo de 30 millones de euros, la mitad aportado por el Ejecutivo autonómico y el resto por los Consells de las islas en las que esté declarado el nivel 4 de riesgo extremo. Ese dinero permitirá inyectar 1.500 euros mensuales, durante el primer trimestre del año, a bares, restaurantes, gimnasios, spas o academias de baile, obligados a cerrar en estos momentos.
La segunda línea de ayudas directas la financiarán Govern y ayuntamientos, también al 50%, aunque serán estos últimos los que fijen las cuantías que se van a destinar siempre que en conjunto no se superen los 20 millones de euros. Estas irán dedicadas a otros sectores que también se están viendo perjudicados por la crisis de la covid-19, como el comercio, el transporte o actividades culturales, entre otros. En este caso, el plazo para recibirlas va a ser más amplio, dados los escasos medios de muchos consistorios para poner en marcha las correspondientes convocatorias.
Además, los ayuntamientos van a bonificar las tasas de recogida de basuras y de ocupación de la vía pública del primer trimestre de este año, aunque cada uno fijará el porcentaje de ese descuento. Eso puede llegar a suponer para el conjunto de empresas un ahorro de 3,5 millones de euros.
La cuarta línea de ayudas se enmarca en la apertura de una nueva línea de crédito ISBA para autónomos y pequeñas y medianas empresas, con una inyección inicial de 50 millones de euros, aunque se podría llegar a los 100 millones para el conjunto del presente ejercicio.
La principal novedad es que, por primera vez, las pymes vinculadas al sector turístico podrán acceder a estos créditos, con un máximo de 70.000 euros, sin aportar garantías personales y sin que los autónomos deban comprometer su patrimonio, al considerar que muchos de ellos ya se han visto obligados a endeudarse en exceso. Estas ventajas se aplicarán sobre la mitad de esa línea de crédito, es decir, unos 25 millones de euros.
Francina Armengol hizo hincapié en que este plan no está vinculado a la masiva protesta protagonizada por el sector de la restauración durante el pasado martes, dado que la puesta en marcha de un nuevo paquete de ayudas económicas se había anunciado ya la semana anterior, cuando se acordó endurecer las medidas restrictivas y ordenar el cierre de los sectores antes señalados, al igual que el de las grandes superficies comerciales.
En este sentido, las dos presidentas reconocieron la dureza de las medidas que se están adoptando para frenar la propagación del coronavirus y la «desesperanza» que la actual situación puede generar, pero al mismo tiempo se puso de relieve que para paliar los daños se está registrando la mayor movilización de recursos públicos de la historia de las islas.
Plan de reactivación
Se recordó que también está sobre la mesa el plan de reactivación que se quiere poner en marcha para recuperar la actividad de cara la temporada turística, con la correspondiente reapertura de empresas, para el que también se están manteniendo contactos con sectores empresariales, como el hotelero.
Estas medidas se pusieron sobre la mesa en una reunión en la que participaron varios consellers y representantes de las administraciones locales, responsables de las patronales CAEB y PIMEB y de los sindicatos UGT y CCOO, y dirigentes de los partidos El Pi y Ciudadanos.
