La delegada del Gobierno en Balears, Aina Calvo, admitió ayer que la cifra de personas que se manifestaron el martes por las nuevas restricciones del Govern desbordó todas las previsiones de su departamento. «Nadie tenía previsto que 4.000 personas se manifestaran», indicó Calvo en una entrevista a IB3 Ràdio. En este sentido, ensalzó la labor policial y agradeció «la extraordinaria paciencia» tanto de la Policía Nacional como la Policía local de Palma. «Una acción policial desproporcionada no hubiera ayudado en nada. No fue un día fácil para los cuerpos de seguridad», recordó.
La delegada del Gobierno confirmó que habrá sanciones tanto para la persona convocante de la manifestación contra las restricciones a la hostelería aprobadas por el Govern para frenar la covid, como para quienes «infringieron la ley con ciertas conductas». Calvo justificó que los manifestantes «pusieron en riesgo su vida y la de su entorno». Explicó que, desde que se decretó el primer estado de alarma, se han producido 450 solicitudes de concentraciones en las islas y se han prohibido 16, «todas por peligro sanitario». «La no autorización responde a un criterio técnico de carácter epidemiológico porque tenemos un virus que mata», remarcó.
«No se cuestiona el derecho a manifestarse, sino la forma en la que se produce en una situación de pandemia», comentó Calvo: «El derecho a manifestarse es un derecho esencial pero por encima de eso está el peligro sanitario. Las formas no fueron las apropiadas».
Sobre la propuesta de sanción a Víctor Sánchez, la persona que convocó la protesta en redes sociales desde el viernes, matizó que «la cantidad de partida es de 600 euros, pero tiene una horquilla según las consecuencias», matizó.
Calvo indicó que la persona organizadora de la manifestación «intentó hacer una llamada al orden y no funcionó». Ante esto, reconoció que más allá «de un efecto contagio» sobre estas manifestaciones entre la población, le preocupa que «se siga insistiendo en actividades que ponen en riesgo la vida» de las personas.
Además de los diferentes cortes de tráfico en calles de Palma, Calvo se refirió a la ruptura de una ventana en el Parlament por una pedrada de un manifestante. «Se identificará a esta persona y, por supuesto que se sancionará», reseñó. Por su parte, el promotor de la protesta, Víctor Sánchez, indicó en conversación con este diario que recurrirá la sanción. «Protesté en el ejercicio de mi libertad de expresión y eso es lo que argumentaré cuando me llegue la multa. De todos modos mucha gente se ha ofrecido a pagarla entre todos», indicó Sánchez, propietario del restaurante As de Tablas, en s’Escorxador. Sánchez también se sorprendió cuando una protesta a la que se habían apuntado «unas 300 personas» en Facebook acabó citando a cuatro mil. «Lo que animó a la gente a venir es que estuviera prohibida. Lo que queríamos era lanzar un mensaje de auxilio de quienes ya no podemos pagar los recibos», destacó.
La sanción a la que se enfrentará el autor de la rotura de una ventana del Parlament puede ser mayor de 600 euros. Al tratarse de un ataque a una institución, la ley considera que se trata de una infracción muy grave y, como tal, la sanción puede alcanzar hasta los 30.000 euros. La Policía no ha podido identificar aún al manifestante en cuestión.
Por otro lado, un participante en la protesta denunció ayer a este diario haber sufrido golpes de la policía «hasta tres veces» durante una carga: «Fuimos muchos los que recibimos estos golpes, cuando la gran mayoría fuimos pacíficamente».
