El secretario general de UGT en las islas, Alejandro Texías, restó ayer importancia a la decisión del Tribunal Supremo de confirmar la obligación del sindicato de retornar al Govern casi 91.000 euros por unos cursos de orientación laboral para inmigrantes realizados en 2008 con financiación pública, ya que esa cantidad ya fue entregada al Ejecutivo autonómico en 2016 como depósito para hacer frente al recurso en cuestión, por lo que no va a suponer ningún quebranto para las arcas de esta organización. Además, recordó que hay otros recursos pendientes en relación a cursos similares, vinculados no solo a la UGT, sino también a otros agentes sociales y empresas.
UGT acata la decisión del Supremo pero no la comparte, según apuntó Texías, ya que el sindicato subcontrató esos cursos de orientación laboral a las empresas IFES (fundación de la propia UGT) y Fons de Formació Zona Mediterrània, las cuales emitieron las correspondientes facturas, aunque el Govern no estuvo conforme con esa justificación de los gastos realizados con el dinero público abonado para su realización, una situación que se ha dado con otras organizaciones de las islas.
