Apoyo al Govern en el endurecimiento de las restricciones al comercio y la restauración para frenar la pandemia. Esa fue la postura unánimemente mantenida ayer por patronales y sindicatos de las islas. Pero con un matiz: las organizaciones empresariales advierten de que el momento actual es, económicamente hablando, el peor desde que se inició la pandemia, y que hay muchos negocios que están ya al límite de sus fuerzas. Por ello, se reclamaron ayudas contundentes e inmediatas que el presidente de PIMEB, Jordi Mora, cuantificó entre los 300 y los 500 millones de euros. En relación a este punto, se acordó celebrar la próxima semana nuevas reuniones entre estas organizaciones y el Ejecutivo balear para analizar las subvenciones a las que se pueden acceder desde las diferentes administraciones públicas.
Tanto Mora como la presidenta de CAEB, Carmen Planas, expresaron ese respaldo a unas medidas «durísimas», pero insistieron en la necesidad de apoyar a las empresas para evitar que caigan durante los próximos meses. Así, Planas reivindicó también una prórroga de los ERTE hasta el 31 de diciembre y que se facilite el acceso al crédito a las empresas cuando son muchas a las que ya se ha cerrado esa puerta.
Los secretarios generales de CCOO y de UGT en las islas, José Luis García y Alejandro Texías respectivamente, se sumaron a ese respaldo, al considerar que el aumento de las restricciones es necesario para hacer frente a una situación sanitaria que se ha vuelto «muy complicada», pero reivindicaron también una «hoja de ruta» para sostener el tejido productivo y la protección de los trabajadores, para que las empresas puedan llevar vivas al final de la pandemia.
Mucho más críticas fueron las patronales de restauración de las islas y las grandes empresas comerciales. Así, la sectorial de CAEB denunció que el Govern «ha dejado solos» a estos negocios ante la crisis y defendió que este sector no está generando los nuevos contagios. La de PIMEM calificó de «desproporcionadas» las nuevas restricciones pese a aceptarlas. También el gran comercio expresó su rechazo al considerar que las compras en sus instalaciones no conllevan un mayor riesgo que en los pequeños negocios.
