El Govern endurece los controles sobre las fiestas ilegales de fin de año

El temor a lo que pueda suceder durante las fiestas de fin de año y Reyes llevó ayer a dos conselleras y a los presidentes de las patronales de restauración de la isla a comparecer juntos para lanzar una amenaza y una súplica: la primera está relacionada con el endurecimiento de la vigilancia que se va a mantener durante estas fechas contra la celebración de fiestas ilegales, y la segunda fue el llamamiento a la responsabilidad individual para frenar una curva de contagios que en estos momentos está disparada, especialmente en Mallorca.

Por parte del Govern acudieron a este encuentro las conselleras de Salud y de Administraciones Públicas, Patricia Gómez e Isabel Castro respectivamente, además de la directora general de Turismo, Rosana Morillo. La advertencia fue clara: Policía Nacional, Guardia Civil, Policías Locales y todos los inspectores de la Comunidad Autónoma van a intensificar durante este cierre de año y la festividad de Reyes la vigilancia contra las fiestas ilegales y las reuniones que incumplan las limitaciones fijadas para frenar el coronavirus, para cuya detección se está desarrollando un rastreo por las redes sociales en busca de posibles convocatorias, entre otras medidas.

En este sentido, Castro recordó que estas actividades, calificadas de muy graves, pueden conllevar multas de hasta 600.000 euros y, en el caso de un establecimiento empresarial o de una vivienda turística, su cierre durante un periodo de hasta tres años. La consellera recordó que ya se ha abierto expediente para el cierre de cuatro de estas instalaciones y se han aplicado multas por un valor global de 800.000 euros. Con un aviso adicional: no es necesario que la fiesta ilegal se celebre para ser sancionado, sino que basta con haberla organizado.

Patricia Gómez fue la encargada de justificar este endurecimiento, al recordar que la tasa de contagios está disparada en Mallorca, y especialmente en Palma. Recordó que el 35% de las plazas de hospitalización están ocupadas al igual que un tercio de las de las unidades de cuidados especiales, y que el problema más importante radica en la falta de profesionales sanitarios debido a que un número apreciable de ellos se han contagiado.

Gómez hizo un llamamiento a los ciudadanos para que, si tienen síntomas, no esperen días para comunicarlo a los servicios sanitarios. Insistió en que no se trata de una enfermedad que sea solo grave para las personas mayores, y subrayó que en estos momentos están en la UCI una persona de 18 años y otra de 32, además de varios que se mueven en torno a los 40 años.

Medidas sobre la mesa

La consellera de Salud defendió que hay que esperar a ver si las medidas que ya se han tomado dan resultado, pero apuntó que el Govern todavía tiene sobre la mesa la posibilidad de limitar la movilidad entre municipios e incluso, si la situación sigue agravándose, pedir el Gobierno central que ordene el confinamiento domiciliario de la población, dado que la presidenta balear, Francina Armengol, no tiene competencias para fijar esta última restricción.

En este contexto se hizo el llamamiento a la responsabilidad individual, que fue compartido por los presidentes de las asociaciones de restauración de PIMEM y de CAEB, Eugènia Cusí y Alfonso Robledo respectivamente. Y además se lanzó una advertencia compartida contra los que no respetan las restricciones fijadas, al expresar los representantes empresariales su apoyo a las actuaciones contra los que incumplen la ley, pese a insistir en que se trata de una minoría en el sector de bares, cafeterías y restaurantes.

Tras este encuentro, se apuntó el acuerdo de colaboración entre ambas partes, como acompañar a los inspectores para explicar a los restauradores la importancia de actuar correctamente, o la puesta en marcha de una campaña informativa, ya que «con un nivel tan alto de contagios, las irresponsabilidades las pagamos todos», según señaló la consellera Castro.