Representantes de trabajadores temporales de las administraciones públicas, convocados por la Coordinadora balear (Sintta, ATAP, CGT, Sidib y Asij) se concentraron ayer frente al Consolat de Mar, coincidiendo con la reunión del Consell de Govern, para presentar sus reivindicaciones y reclamar una solución a la situación de precariedad del colectivo y criticar el «abuso de la temporalidad».

Según explicó la representante de la Coordinadora, María José Lorente, después de que la Unión Europea advirtiera a España en 2015 de la «insoportable» tasa de temporalidad en los empleados públicos, el Estado comenzó a convocar oposiciones de manera masiva. Sin embargo, añadió, estas oposiciones, «que quedan muy bien electoralmente» suponen una «trampa» para muchos trabajadores temporales o funcionarios interinos con muchos años en los puestos. «Después de muchos años en el puesto de trabajo, personas con obligaciones o cargas familiares tienen que competir en oposiciones contra jóvenes recién graduados sin cargas y con tiempo para preparar los procesos», criticó. En algunos ámbitos de la administración, el resultado depende únicamente del examen y no se tiene en cuenta la experiencia.

Lorente explicó, además, que se están produciendo ceses y que muchos de ellos los están padeciendo mujeres.

Denuncian sueldos bajos

La representante de la Coordinadora señaló que en esencia el personal laboral temporal o el funcionario interino está para asumir, como indica su denominación, trabajos temporales o necesidades de urgencia. Sin embargo, apuntó, las administraciones han abusado de esta figura hasta alcanzar «tasas elevadísimas» que no se consienten en la empresa privada sin convocar oposiciones ni con la posibilidad de consolidar las plazas.

Además, lamentó, los temporales o interinos tienen sueldos más bajos así como menos beneficios como la movilidad. En palabras de Lorente, la cuestión depende simplemente de una «decisión política», y criticó la falta de toma de posición por parte de los sindicatos mayoritarios.

Según subrayó, en toda España más de 800.000 trabajadores sufren el «abuso de la temporalidad» por parte de las administraciones públicas llegando a «incumplir su propia normativa».

La consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Mae de la Concha, fue, según indicaron, el único miembro del Ejecutivo autonómico que a su llegada a la reunión del Consell de Govern no evitó a los manifestantes y se acercó a escuchar las demandas.

El Tribunal de Justicia Europeo, añadió, ha declarado este año que convocar procesos selectivos o de estabilización no puede suponer una «sanción» para el trabajador temporal y ha ordenado sanciones a las administraciones. Además, comentó, juzgados de toda España ya se han pronunciado en este asunto y han dictado sentencias favorables a los trabajadores.