El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) reclama al rectorado de la UIB la "expulsión inmediata" del catedrático condenado por acoso, Miguel Beltrán, y "medidas de reparación para la víctima".
El acoso consistía en ataques personales, insultos, correos electrónicos, publicaciones en redes sociales y llamadas telefónicas en las que se acusaba a la profesora de haber plagiado una parte de su tesis. El Tribunal Supremo confirmó en octubre la condena al catedrático, que incluía, además de una pena de seis meses de cárcel, una orden de alejamiento respecto a la profesora.
En el juicio, el abogado de la acusación particular reclamó a la UIB que respondiese solidariamente de la indemnización como responsable civil subsidiaria, considerando que no actuó con la debida diligencia para esclarecer los hechos o impedir el acoso.
Por su parte, la Comissió Feminista de la UIB denuncia que el rectorado quiere su silencio, pero advierte: "No nos detendremos y explicaremos todo el proceso, de más de seis años, del acosador Miguel Beltrán . A pesar de que la UIB ha intentado silenciar los hechos, minimizando las las acusaciones y tomar partido en ningún momento a favor de la agredida, nosotras seguimos posicionadas firmemente en defensa de los derechos de todas dentro de la Universidad", afirma el colectivo.
Por este motivo, la Comissió Feminista, exige al rectorado medidas de reparación para la víctima, un espacio libre y seguro en la UIB, alejado de amenazas y profesores acosadores. la expulsión inmediata de los dos agresores de la Universidad (uno de ellos no ha sido condenado) y protocolos eficientes con una política feminista real, no se puede permitir ni tolerar la presencia de estas personas en un ámbito educativo donde supuestamente se condena la violencia machista y se defiende la igualdad entre personas".
El pasado 21 de octurbre el Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación presentado por Miguel Beltrán, catedrático de Filosofía de la Universitat (UIB), contra la sentencia de la Audiencia que lo condenó por un delito de coacciones a Lucrecia Borges, una profesora de su departamento.
En noviembre de 2019 la universidad decidió trasladar a Beltrán de la facultad de Filosofía y Letras del campus al edificio de Sa Riera en Palma de forma cautelar y «en el seno de un procedimiento administrativo propio» a la espera de que la sentencia fuera firme, momento en el que se indicó que se tomarían otras medidas si fuera necesario cumplir la orden de alejamiento con «más efectividad».
