Las empresas de Baleares solo van a tener que pagar durante el próximo año la mitad de las cotizaciones a la Seguridad Social de sus trabajadores fijos discontinuos, lo que puede suponer un ahorro que puede llegar a superar los 145 millones de euros, según dijo ayer en Palma la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la presidenta Francina Armengol. Esta medida ha sido aprobada en esa misma jornada por el Consejo de Ministros.
Esta iniciativa, recogida en un real decreto, contempla esa reducción de abril a octubre del 50% en las cotizaciones de los fijos discontinuos para incentivar su incorporación a sus puestos de trabajo, y se suma al descuento que ya se venía aplicando en febrero, marzo y noviembre. Teniendo en cuenta que Baleares es la comunidad autónoma con mayor peso del colectivo fijo discontinuo, las islas se convierten en la zona de España más beneficiada por esa iniciativa.
En concreto, recordaron que en el archipiélago hay unos 83.000 asalariados con este tipo de contratos, y ese ahorro estimado en unos 145 millones de euros puede beneficiar a unas 15.000 empresas del archipiélago. La medida supone que el descuento únicamente dejará de estar en vigor en enero y diciembre, meses sin actividad para este tipo de trabajadores, muy vinculados al sector turístico.
Por todo ello se pone de relieve que esta iniciativa supone no solo una ayuda económica a las citadas empresas, sino también un mayor grado de protección para los citados empleados, dada su importancia en el mercado laboral balear, ya que incentiva su reincorporación a los centros de trabajo.
Este anuncio fue realizado tras la reunión mantenida por la ministra y la presidenta en la Mesa del Diálogo Social, en la que también participaron representantes de las patronales CAEB y PIMEB y de los sindicatos UGT y CC OO. Posteriormente, también se mantuvo un encuentro con representantes del sector turístico y de la restauración, por estar entre los más afectados por la crisis generada por la covid-19.
Junto a esta reducción en las cotizaciones, las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros incluyen también exoneraciones en el pago de cuotas a la Seguridad Social a las empresas con ERTE de fuerza mayor en vigor, lo que es compatible con los ERTE de impedimento y limitación.
También se contemplan descuentos del 50% en alquileres de comercios y locales de restauración mientras dure el estado de alarma, una moratoria de hasta cuatro meses en esos alquileres e incentivos fiscales para los arrendadores que rebajen sus precios.
A todo ello se incorpora un paquete de medidas fiscales, como aplazamientos en las deudas tributarias y reducciones fiscales para las actividades que tributen por módulos, como el comercio y la restauración.
Diseño de los nuevos ERTE
Por otro lado, la ministra aprovechó la comparecencia para anunciar que tras la festividad de Reyes se celebrará una reunión en Madrid para abordar la nueva senda de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) dependiendo de las necesidades que se vayan registrando, con el fin de mantener en pie tanto las empresas como los puestos de trabajo.
Tras la reunión, la ministra afirmó que desde su departamento se asume que Balears tiene unas necesidades especiales por su dependencia del sector servicios y de la movilidad, que convierte a las islas en la zona de España más duramente golpeada, y que éstas son tenidas en cuenta por el Gobierno español.
Tras la reunión, la presidenta de CAEB, Carmen Planas; el vicepresidente de PIMEB, Rafael Matas; y los secretarios generales de UGT y CC OO en las islas, Alejandro Texías y José Luis García respectivamente, comparecieron para expresar su satisfacción ante las medidas anunciadas por Yolanda Díaz, por lo que suponen de ayuda para reactivar la economía balear y proteger el empleo de un colectivo tan importante como los fijos discontinuos.
Prórroga
La ministra Yolanda Díaz anunció que se ha prorrogado un mes el plazo para acceder al subsidio extraordinario diseñado para aquellas personas que no disponen de otras rentas, y subrayó que en las islas hay unas 13.240 trabajadores que se pueden beneficiar de esta medida. Por ello, hizo especial hincapié en que los que puedan acceder a estas ayudas se pongan en contacto con los servicios públicos de empleo, con el fin de que no pierdan este derecho. Además, recordó que en las islas unas 200.000 personas han pasado por los ERTE, lo que supone un impacto para los fondos públicos de 598 millones de euros.
