La ley March mantiene la «coexistencia» con la concertada y al menos la mitad de las clases en catalán

Con la tensión política derivada de la ley Celaá, especialmente por la eliminación de la definición del castellano como lengua vehicular y por un planteamiento con la que la educación concertada se siente amenazada, y a la que se adapta esta nueva normativa autonómica, March explicó que en la educación de las islas se mantendrá la “filosofía” del actual decreto de mínimos que fija un mínimo del 50% de catalán en las aulas, insistiendo en que “no es una normativa de inmersión”.

Si bien March defendió que “no es una ley de lenguas”, el papel del catalán fue objeto de disputa en el seno del Govern ya que el borrador inicial lo planteaba como “lengua mayoritaria” pero evitaba fijar un porcentaje mínimo, lo que levantó los recelos de Més de que pudiera ser la puerta para rebajar el porcentaje del 50%, algo que finalmente se ha incorporado.

El conseller explicó que también se prevé “la posibilidad” de que se impartan materias no lingüísticas en una lengua extranjera y que el objetivo es que al finalizar la etapa educativa haya competencias en catalán, castellano y una lengua extranjera. De hecho, esas competencias se irán evaluando y los proyectos lingüísticos deberán adaptarse en función de los resultados.

Frente al papel de la concertada, March garantizó que se mantiene “la cohexistencia entre la educación pública y la concertada”, para la que incluso ha avanzado que se actualizará su financiación, a través de sus módulos.

El conseller recordó que en esta red están escolarizados el 35% del alumnado de las islas y que “debe ser un servicio público con los mismos derechos y obligaciones que la pública”. En este sentido insistió en “seguir en la línea de lo que ya estamos haciendo” con un reparto del alumnado “equitativo” para evitar “guetos”.

El conseller aseguró que la ley apuesta por “una educación inclusiva que también cuenta con los centros de educación especial”.

En diferente tesitura quedarán los colegios de educación diferenciada -que separan a niños y niñas- para los que el conseller explicó que la ley, de la misma manera que la ley Celaá, no prevé nuevos conciertos económicos y que los actuales dependerán de cómo se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre “el nuevo escenario”.

Como respuesta a una reivindicación histórica de la comunidad educativa, la ley incorpora una disposición adicional que da ocho años desde su aprobación para alcanzar una inversión pública en Educación del 5 por ciento del PIB.

La nueva ley, ahora en fase de anteproyecto y que en el mejor de los casos no quedará aprobada antes del segundo semestre de 2021, marca también objetivos para la gratuidad y universalización de la educación 0 a 3, la rebaja de las ratios, así como la “institucionalización” de las actuales mesas de participación de la comunidad educativa.

“Se trata de una ley de participación y participada”, explicó March, recordando que se levanta sobre las bases del documento Illes per un Pacte que trabajaron en 2015 diversas entidades educativas y que sobre el primer borrador de la ley se han introducido numerosas alegaciones y con la que el conseller aseguró que confía alcanzar “el máximo consenso educativo y político”.