La investigación sobre la presunta corrupción en el seno de la Autoritat Portuària de Balears (APB) se enreda. La jueza instructora y la Guardia Civil sospechan que se han producido filtraciones de las pesquisas, sobre las que pesa el secreto de sumario desde el pasado mes de abril. Un empresario gallego con vínculos en el sector náutico fue detenido el martes en Palma por obtener y difundir datos confidenciales de las investigaciones, por las que en julio pasado fueron detenidos el entonces presidente de la APB, Joan Gual de Torrella, y otros cuatro directivos por presuntos amaños en concesiones y contratos en varios puertos de Balears. El empresario, investigado por un delito de revelación de secretos, pasó la noche en la Comandancia de la Guardia Civil y ayer por la tarde, tras ser puesto a disposición judicial, quedó en libertad.
Esta misma semana, la titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma, Martina Mora, ha vuelto a prorrogar el secreto de las actuaciones durante otro mes. Los abogados de Gual y otros acusados han planteado varios recursos para levantarlo, al considerar que se están vulnerando sus derechos. La cuestión debe ser resulta por la Audiencia Provincial.
En los últimos días, la jueza fue informada de que se habían producido filtraciones sobre las pesquisas que se llevan a cabo. Las sospechas recaen sobre Jesús D.B., que hasta 2017 fue el delegado en Balears de Copasa, una importante constructora con sede en Orense que ha participado en proyectos como el AVE a La Meca, en Arabia Saudí. Copasa trató en 2015 de hacerse con la gestión del Club Náutico de Eivissa, que salió a concurso. No lo logró porque uno de los criterios era el «arraigo» en la isla. El consejo de administración de la APB prorrogó la concesión al Club Náutico. El caso acabó en los tribunales: el TSJB anuló esta decisión en 2018 y el asunto debe ser resuelto por el Tribunal Supremo.
La magistrada ordenó el martes a la Policía Judicial de la Guardia Civil la detención de Jesús D.B., acusado de un delito de revelación de secretos. Las investigaciones apuntan a que este empresario habría tenido acceso de a datos confidenciales de las investigaciones que, desde hace ocho meses, llevaban a cabo la jueza y el grupo Anticorrupción de la Guardia Civil por las presuntas irregularidades en la APB, vulnerando así el secreto de sumario. Jesús D.B. habría divulgado esta información a otras personas.
Las pesquisas se centran ahora en determinar cómo consiguió estos datos -que teóricamente solo están en manos de la jueza, la Guardia Civil y la fiscal del caso- a quién se los hizo llegar y con qué objetivo. Tras su detención, el empresario fue trasladado a la Comandancia de Palma, donde pasó la noche. Representado por el abogado y exfiscal Anticorrupción Pedro Horrach, el hombre fue puesto ayer por la tarde a disposición del juzgado que dirige Martina Mora, que se encontraba en funciones de guardia.
Según fuentes conocedoras del caso, la detención de este empresario, que finalmente fue puesto ayer en libertad, no estaría vinculada con la trama de supuesta corrupción en la APB, si no que sería una ramificación de las pesquisas tras detectarse la fuga de información reservada sobre las actuaciones judiciales y policiales.
