La Guardia Civil detuvo ayer en Palma a un empresario acusado de difundir datos secretos de la investigación sobre el caso de presunta corrupción de la Autoridad Portuaria de Balears. La magistrada encargada de las pesquisas trata de aclarar cómo obtuvo esta información y a quién se la facilitó. El sospechoso permanece en dependencias del instituto armado y hoy será puesto a disposición judicial
La detención fue ordenada por la jueza Martina Mora, titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma, que desde principios de año investiga las irregularidades en la Autoridad Portuaria. En los últimos días fue alertada de que datos sensibles de la investigación habían sido divulgados supuestamente por un empresario afincado en Palma. El hombre habría tenido acceso a información del sumario declarada secreta.
Agentes de la Guardia Civil lo detuvieron ayer, apenas unos días después de que la jueza decretara la prórroga del secreto del sumario de este caso. El sospechoso, asistido por el letrado y exfiscal Pedro Horrach, prestará declaración a lo largo del día de hoy ante la magistrada.
Denuncias en las concesiones naúticas en Menorca y en Eivissa
La investigación en torno a la Autoridad Portuaria se inició a raíz de una serie de denuncias por presuntas irregularidades en concesiones náuticas en Menorca y en Eivissa que habían sido presentadas a la Fiscalía Anticorrupción. A raíz de estos hechos, la fiscal Laura Pellón se puso al frente de las pesquisas de este presunto fraude.
Las denuncias de los numerosos afectados por las decisiones de la Autoridad Portuaria de Balears se fueron apilando y las sospechas de una presunta actuación irregular en las concesiones náuticas de la Autoridad Portuaria de Balears fueron en aumento. Con el máximo sigilo, la fiscalía anticorrupción inició la investigación para analizar en detalle si la actuación de la APB pudiera tener un carácter delictivo. El cerco se fue estrechando en torno a la cúpula de esta institución.
El mismo 'modus operandi'
A finales de julio, Joan Gual de Torrella y el director de la APB Juan Carlos Plaza fueron detenidos en Son Sant Joan cuando acababan de llegar de un viaje relámpago a Menorca.
Una de las consecuencias más sorprendentes de esta investigación por presunta corrupción de la Autoridad Portuaria de Balears fue la imputación de la jefa de la Abogacía del Estado en las islas, Dolores Ripoll. Esta habría realizado trabajo de asesoramiento jurídico de la entidad. De acuerdo con las pesquisas realizadas, su labor podría haber sido determinante para que estas presuntas irregularidades de la APB prosperaran.
Esta investigación por presunta corrupción en torno a la Autoridad Portuaria de Balears es la segunda que ha golpeado a esta empresa pública en las islas. Para encontrar un precedente similar hay que remontarse al caso Mar Blau. La cúpula de esta institución se sentó entonces en el banquillo. Las distintas partes alcanzaron un pacto, que se saldó con el pago de unas multas. En las pesquisas actuales habría quedado patente la utilización de la directiva del mismo 'modus operandi'.
Concurso a medida
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención en este caso de presunta corrupción de los directivos de la Autoridad Portuaria de Balears era el pliego de concursos para la concesión de amarres. Los beneficiarios habrían sido personas del entorno de la cúpula de esta institución. Este hecho fue el punto de partida para la puesta en marcha de la investigación que la fiscal anticorrupción Laura Pellón y la Guardia Civil ha desarrollado con el máximo sigilo durante un año. Ya apreciaron la posible existencia de diversos delitos. La denuncia inicial hacía referencia al puerto de Maó, pero había otras muy similares que aludían a estas posibles prácticas corruptas en el Club Náutico de Eivissa.
