La Asociación de Bares, Cafeterías y Restaurantes de Mallorca, Restauración CAEB, anunció ayer que había denunciado ante la Policía Nacional a los establecimientos de McDonald’s y Burger King ubicados en Palma por considerar que han incumplido la ley y el toque de queda

El presidente de Restauración CAEB, Alfonso Robledo, explicó que los establecimientos en cuestión no cerraron sus puertas el jueves a las 22.00 horas, como establece el toque de queda impuesto por el Govern. Según Robledo, estos negocios ofrecieron servicio de «delivery más allá del límite horario establecido, lo cual está totalmente prohibido». «Empezamos a recibir un aluvión de llamadas de socios ya que la ciudad estaba llena de motos de reparto a domicilio cerca de la medianoche», apuntó.

Robledo dijo sentirse indignado y denunció que ello «nos perjudica a todos no solo porque se está poniendo en riesgo el esfuerzo que estamos haciendo trabajadores y empresarios de la restauración para bajar los contagios, sino porque además los que nos están perjudicando son establecimientos de nuestro sector». Ahora, señaló Robledo, «no podemos permitirnos tener al enemigo en casa y por eso seremos implacables». «El sector no está siendo foco de contagio y aunque las normas son tremendamente duras con nosotros, si la ley ahora no nos permite abrir más allá de las diez, pues no debemos abrir y punto», añadió.

«Aunque las normas son duras, si la ley no nos permite abrir más allá de las diez, pues no debemos abrir y punto»

Alfonso Robledo - Presidente de Restauración CAEB

Si bien el próximo 14 de diciembre el Govern revisará el nivel de alerta sanitaria de cada isla, según el cual por ahora Mallorca se encuentra en fase 3, se ha optado por adelantar el toque de queda desde las diez de la noche hasta las seis de la mañana, una medida que estará en vigor hasta el día 21 de diciembre. 

Sobre su posible extensión a Navidad, la presidenta fue clara el día del anuncio del endurecimiento de las restricciones -«no importa que haya o no haya fiestas»-, la decisión «estará condicionada a la situación sanitaria» y el Ejecutivo autonómico será «muy riguroso».