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Inspección laboral multa a la residencia de Son Tugores por excesos de jornadas

La gerencia ha presentado alegaciones

La residencia de Son Tugores, en Palma.

La residencia de Son Tugores, en Palma.

Inspección de Trabajo ha sancionado a través de diferentes expedientes a las residencias de Son Llebre y Son Tugores por jornadas de trabajo excesivas , incumplimientos de los descansos mínimos y la no compensación de los festivos.

Así figura en diferentes informes emitidos por el departamento de Inspección laboral el pasado septiembre, dando la razón en varios puntos al comité de empresa del Consorci Aprop, que gestiona estas residencias para personas con discapacidad psíquica donde hay de 120 trabajadores y un centenar de usuarios.

Representantes del comité de empresa hace años que denuncian irregularidades en materia laboral. Además de los aspectos que han llevado a Inspección y que ahora han concluido en un expediente sancionador reclaman una nueva evaluación de los riesgos psicosociales de su puesto de trabajo, que defienden que cambian cada vez que entran nuevos usuarios (algunos con conductas agresivas) y no se incrementa el número de profesionales de atención directa, según denuncian. Piden la dimisión del actual gerente, José Giménez.

Éste explicó a este diario que ya han presentado alegaciones a los distintos informes sancionadores recibidos, aportando más información. Según Giménez, la jornada semanal se aumentó en 2015 y cumple lo que marca el convenio.

Con ese cambio, indica, fueron los trabajadores del turno de noche «los que se sintieron más perjudicados» pero asegura que se les ofreció cambiar de turno y se negoció con ellos (no a través del comité) una propuesta de organización que aceptó la mayoría. Añade que estas reivindicaciones ya fueron llevadas a los tribunales sin éxito por parte del comité de empresa.

Los representantes de los trabajadores también denuncian que el consorcio está en una situación «alegal» desde 2013 ya que incumple la ley Montoro al contar con participación pública y privada. Así lo recoge la Sindicatura de Comptes en sus informes a partir de 2015. La entidad fiscalizadora entiende que se cumplen todos los requisitos para que estas residencias pasen a formar parte del sector público instrumental.

El Govern preside el Consorci Aprop, del que también forman parte Amadip (quien cedió los terrenos para construir una de las residencias) y los Consells. El convenio que se firmó hace 30 años caduca en 2021 y los trabajadores quieren cerrar la puerta a una posible privatización y pasar al sector público de forma oficial.

Fina Santiago, consellera de Asuntos Sociales, reconoce que este consorcio es una «figura muy singular» y niega categóricamente la privatización. Razona que no tendría sentido: la financiación es totalmente pública (la mayor parte, del Consell de Mallorca) y recuerda que se van haciendo inversiones continuas.

Señala que se negocia con Amadip y el Consell cómo quedará la situación tras caducar el convenio y que cuando tengan una propuesta la presentarán.

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