Balears cuenta con unos 58.000 funcionarios que trabajan en las administraciones, Comunidad Autónoma, consells y ayuntamientos y Administración General del Estado. No obstante, el porcentaje de asalariados del sector público sobre la población residente es de las más bajas de España. Las islas ocupan el tercer puesto por la cola de las comunidades autónomas con el 6,2% de su población con empleo público.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes a 2019 sitúan a Balears incluso por debajo de la media nacional, que cuenta con un porcentaje del 6,9%. El INE calcula la tasa de funcionarios en función de la población residente cogiendo como base un universo de población de poco más del millón de habitantes.
Lo cierto es que con menor porcentaje de empleados públicos en función de los habitantes que residen en ellas tan solo encontramos a la Comunidad Valenciana que está penúltima con el 6% y Cataluña que ocupa el último lugar con el 5,7%. Por debajo de la media nacional, junto a Balears, también están Andalucía y la Región de Murcia con el 6,7% de empleados públicos en función de su población.
La comunidad autónoma con mayor porcentaje de empleados públicos sobre el número de residentes es, según el INE, Extremadura con el 8,8%; le sigue Cantabria con el 8,3% y Castilla y León con el 8,1%. El resto de comunidades están entre el 7 y el 8%, superando con creces a las islas.
Uno de los argumentos que apuntan desde el Govern por este bajo porcentaje de funcionarios en relación al número de habitantes es que entre 2011 y 2015 se celebraron muy pocas convocatorias de oposiciones a empleados públicos. Ello ha provocado una tasa de interinidad muy importante, calculándose que en las islas existen unos 10.000 funcionarios interinos con una antigüedad media de unos tres años.
El conseller de Educación, Martí March, ha reconocido que cuentan con una de las tasas de interinidad más altas de España. Por ello están trabajando con los sindicatos para reducirla mediante la convocatoria de oposiciones.
De mismo modo, la consellera de Administraciones Públicas, Isabel Castro, ha indicado también en el Parlament que el PP «realizó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) encubierto de empleados públicos» durante la presidencia de José Ramón Bauzá y desde 2017 se está corrigiendo la tendencia.
