El Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación ideada como tabla de salvación para los más vulnerables ante la crisis, está «penalizando» a las familias que cobran una ayuda económica a la dependencia. Así lo han constatado en la conselleria de Asuntos Sociales del Govern balear al leer la letra pequeña de los requisitos que marca el Estado para computar la suma que perciben los beneficiarios del IMV.
Entre veinte y treinta familias de Baleares han visto sustancialmente recortado el IMV al que tienen derecho porque el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social considera que las ayudas a la dependencia que perciben son un ingreso y por tanto computan a la hora de calcular la cuantía final. De este modo, una familia con una persona dependiente acaba cobrando una cantidad menor que otra en la que no se produce esta circunstancia, aunque la situación económica de ambas sea igual de precaria.
Por ejemplo: una familia formada por un padre, una madre, un menor y una pensionista que cobra una pensión no retributiva de 380 euros. Esa unidad familiar tiene derecho a un IMV de mil euros, que se quedan en 620 al restarle la pensión. Hasta aquí, Asuntos Sociales considera que el cómputo es justo. Sin embargo, en la conselleria que dirige Fina Santiago advierten de que, si esa familia además está cobrando una ayuda a la dependencia de 200 euros porque uno de sus miembros es dependiente, esa cantidad también se resta, por lo que la cuantía final se queda en 420 euros. En cambio, una familia con el mismo número de miembros y la misma situación económica, pero sin dependientes, ingresará 620 euros.
«Hay un agravio comparativo y se está produciendo en todas las comunidades. Estas ayudas a la dependencia son una subvención pública y directa que las administraciones dan a estas familias, pero el Ministerio las computa como si fuesen un ingreso más», lamentan en Asuntos Sociales.
La cuantía de esas ayudas van de los 115 a los 350 euros, en función del grado de dependencia que tenga el beneficiario. Esa cantidad, que cobra la persona encargada de las tareas de cuidado, es «fundamental» para la economía de esas familias.
Ese cálculo también alcanza a las ayudas que cobran las familias que tienen a un bebé en acogimiento. Son unos doscientos euros que también se consideran ingresos y que por tanto se restan en de la cantidad final. «Este caso es incluso peor porque penalizan la solidaridad. Esos programas dependen de los consells insulares y esas ayudas son imprescindibles para comprar pañales, comida y otras necesidades que tienen los bebés», lamentan desde la conselleria.
1.300 familias beneficiarias
El Govern considera que esas dos ayudas, a la dependencia y por acogimiento, deberían quedarse fuera del cómputo final porque «desvirtúan» un IMV que no estaría cumpliendo su función de rescate social, al menos en el caso de esos dos colectivos. Asuntos Sociales espera una rectificación por parte del Estado porque, considera, el actual cálculo «perjudica a quienes más lo necesitan».
En el archipiélago cobran el IMV algo más de 1.300 familias. El Gobierno ha tramitado en las islas unas siete mil solicitudes, de las que ha rechazado 5.700, la gran mayoría por superar los niveles de renta e ingresos requeridos.
