Un informe jurídico avala que los empresarios que han sufrido pérdidas económicas como consecuencia de las medidas que se han adoptado por la pandemia, puedan reclamarlas a la administración.
Este estudio técnico lo ha elaborado el catedrático de derecho administrativo de la Universitat de Girona, Joan Manuel Trayter, que explicó ayer las valoraciones jurídicas que avalan esta conclusión. El informe fue solicitado a petición de los pequeños empresarios y fue presentado ayer en la sede de PIMEM.
El catedrático explicó que los empresarios, pequeños y grandes, se han visto obligados a cumplir una serie de normas, aprobadas por la administración, para hacer frente al coronavirus, que les ha ocasionado importantes perjuicios económicos. Normas que les obligaba a cerrar sus negocios o a limitar su actividad. El jurista ha estudiado si los empresarios perjudicados tienen derecho, como está ocurriendo en otros países, a solicitar que les restituyan estas pérdidas. La conclusión que alcanza el catedrático catalán es que sí tienen derecho a reclamar a la administración, ya que ha sido la que ha impuesto estas normas que han sido de obligado cumplimiento.
Trayter explicó que la ley permite demandar a la administración si el perjudicado demuestra y cuantifica el daño que ha sufrido como consecuencia de las normas que se han aplicado.
A su juicio, la administración, tanto estatal como autonómica, no se puede excusar en que estas normas se adoptaron por fuerza mayor como ha sido la expansión del virus. Cree que lo que realmente se debe valorar es la gestión que se ha realizado de esta crisis sanitaria, sin la necesidad de buscar un culpable de esta situación. «La pandemia no ha ocasionado estos daños a los empresarios, sino que ha sido la gestión que se ha realizado sobre esta crisis sanitaria», sostuvo el jurista.
Explicó también que los perjudicados tienen la posibilidad de acudir a los tribunales para que se les reconozca este derecho a que la administración les devuelva las pérdidas que han sufrido como consecuencia de las medidas que se han adoptado. Sin embargo, dejó claro que los jueces no han de valorar la posible negligencia de la administración, sino que tienen que limitarse a determinar si los daños que han sufrido las empresas han sido como consecuencia de las decisiones que se han adoptado.
Jordi Mora, presidente de PIMEM, explicó que la intención de la patronal es reclamar a la administración que asuma estas pérdidas, si bien no es partidario de que se presenten demandas judiciales, sino que exista una negociación para alcanzar un acuerdo.
