El Govern perseguirá las fiestas ilegales que vayan a organizarse estas Navidades por tierra, aire e Internet. La conselleria de Administraciones Públicas, responsable del operativo de vigilancia junto con la Delegación del Gobierno en Balears, rastreará las redes sociales para detectar y abortar cualquier reunión de amigos o familiares que supere el aforo máximo permitido de diez personas. El dispositivo de vigilancia, que empezará este puente de la Constitución y se prolongará hasta Reyes, incluye el despliegue de Policía Nacional, Guardia Civil, policías locales y cuatro drones, una tecnología que se aplicará por primera vez en el archipiélago para realizar este tipo de labores de vigilancia.
Las administraciones, ayuntamientos incluidos, se han puesto en guardia ante un previsible brote de fiestas ilegales en viviendas privadas, especialmente en Nochebuena y Nochevieja. De hecho, tal como informó este periódico el lunes, el sector nocturno advierte de un ‘boom’ de fiestas clandestinas en casas rústicas de la isla.
Mano dura
Isabel Castro, consellera de Administraciones Públicas, y Aina Calvo, delegada del Gobierno en Balears, prometieron mano dura contra los infractores; el coronavirus encuentra terreno abonado para su propagación en fiestas y reuniones en las que se incumplen las restricciones de aforo y las medidas sanitarias. Organizadores y participantes de celebraciones que pretenden ser multitudinarias suelen encontrarse en diversos foros de Internet, esta vez bajo la lupa del personal de la conselleria.
«El objetivo es conocer previamente la organización de una fiesta y montar el operativo para evitarla. No se trata de ir rastreando fotos en Facebook, sino de adelantarse por si a alguien se le ocurre preparar una fiesta para Nochevieja, por ejemplo», valoró Castro.
Los agentes encargados de la vigilancia recibirán el apoyo de cuatro drones que tratarán de detectar a los infractores desde el aire. «Dónde y a qué altura pueden volar está recogido claramente en la normativa vigente. Complementará al dispositivo humano y se hará con personal cualificado», manifestó Castro, al tiempo que rechazó detallar cuál será el campo de acción de esta tecnología. Utilizados hasta ahora en el archipiélago para ayudar en rescates, sobrevolará las cuatro islas durante el próximo mes «por las mañanas, tardes y noches».
Están en la diana organizadores y participantes, aunque no todos pagarán lo mismo en caso de ser descubiertos. Los asistentes se enfrentan a multas de entre 3.000 y 60.000 euros, en función de si la infracción se considera leve, grave o muy grave. Las sanciones para los organizadores van de los 60.000 euros hasta los 600.000. En general, la cuantía de la sanción viene determinada por la cantidad de personas que se citan en una celebración y el grado de incumplimiento de las medidas anti-covid.
Casi cinco mil denuncias
Desde el pasado mes de julio, cuando se instauró el régimen sancionador autonómico, Balears ha registrado 4.745 denuncias, el 87,4 % de ellas a particulares y el 12,6 % restante a propietarios de establecimientos. A día de hoy han finalizado su tramitación 332 expedientes que, en conjunto, cuentan con propuestas de sanción que suman 703.658 euros.
La mayoría, 315 expedientes, se corresponden a infracciones leves -183 Mallorca- y suman un importe total de 103.606 euros. Del resto, once son expedientes graves, con sanciones propuestas que suman 80.050 euros; y seis muy graves -cuatro en Mallorca-, con propuestas de sanción por valor de 520.002 euros.
Asimismo, Castro informó de que cuatro establecimientos han sido cerrados como medida cautelar, dos de ellos en Mallorca.
