Las Cooperatives d’Ensenyament forman parte de la red concertada de las islas y se han desmarcado de las protestas contra la ley Celaá impulsadas por parte del sector, aunque coincidan en rechazar ser consideradas «subsidiarias» de la red pública y aboguen por «mantener un equilibrio entre las dos redes».

En un comunicado, Cooperatives d’Ensenyament aplauden algunos puntos de la LOMLOE o Ley Celaá (como el referente a la lengua vehicular) y critican otros como el referente a la consideración de la red concertada. Pese a las críticas, la entidad (que escolariza a más de 8.000 alumnos en las islas en centros como el CIDE o Aula Balear) argumenta que no participa de las protestas impulsadas en Balears por la plataforma Schola Libera ni de la campaña Más Plurales al abogar por «el diálogo». Reclama un pacto para «no cambiar la ley con cada gobierno».

«Considerar una red subsidiaria de la otra va en contra de la calidad del conjunto», señala el escrito de Cooperatives, «ningún proyecto que busque calidad no puede crecer desde una posición subsidiaria». La unión de cooperativas reclama que cuando se prevea un aumento de plazas escolares públicas «se valore el funcionamiento y calidad de todos los centros sostenidos con fondos públicos». Se muestra a favor de que se garantice un reparto equilibrado del alumnado con necesidades entre ambas redes, pero pide que se garanticen los recursos necesarios (personales y económicos) para «asegurar el apoyo y la atención» que necesitan estos estudiantes.

Desde Cooperatives d’Ensenyament consideran «urgente» la actualización del módulo de conciertos, que sigue igual desde 2008. Razonan que «se ha de dotar al conjunto del sistema de recursos económicos para asumir los objetivos que marca la nueva ley».

El escrito remarca que sus centros «son entidades privadas de titularidad colectiva que, por su carácter cooperativo, configuran sus acciones para prestar un servicio público educativo». Celebra que la LOMLOE reconozca su carácter singular y espera que eso se concrete en diferentes aspectos durante el desarrollo de la ley.

La unión de cooperativas valora que la ley fije como lengua vehicular «la propia del territorio» y recuerda que «se mantiene la obligatoriedad de saber castellano». También destaca como punto positivo que se hable de la transformación del sistema hacia un modelo de escuela inclusiva así como de la formación «para el ejercicio activo de la ciudadanía».

Por su parte, la plataforma Schola Libera ha convocado una marcha en coche para protestar contra la ley Celaá o LOMLOE (como ya se han hecho en otras ciudades) este sábado.

Armengol: «Hemos concertado 50 unidades desde 2015» 

Francina Armengol aseguró ayer en el Parlament que desde 2015 su Govern ha concertado 50 unidades y que su postura es la de «trabajo conjunto» y «complementariedad entre pública y concertada». Así respondió la presidenta a una pregunta de la portavoz de El Pi, Lina Pons. La socialista negó ningún ataque a la concertada: «Solo se quieren equilibrar algunos desajustes». Armengol defendió una escolarización equilibrada «según la diversidad de la CCAA» y rechazó que «sea la escuela quien decida a quién quiere».