El nuevo ‘semáforo’ de alerta del Govern ha traído sorpresas desagradables e incomprensibles para el sector del ocio educativo de niños y jóvenes.

Entidades socioeducativas, como grupos del movimiento escolta u otros servicios de atención a la infancia (con una importante función social), lamentan que desde la implantación de este nuevo sistema ahora no pueden atender a grupos de más de seis niños en el interior de los centros y un máximo de quince en el exterior, mientras que los parques infantiles privados pueden tener grupos de hasta diez niños en el interior.

«Claro, nosotros no salimos a protestar a la calle y los niños no votan». Con esta triste ironía se lamentaba ayer de la situación, Xavier Torrens, al frente de Espiral Serveis, entidad que atiende a más de un centenar de niños y jóvenes (en muchos casos con perfil vulnerable).

Torrens deploraba que «sin aviso, ni margen de tiempo ni razonamientos científicos» y en un momento en que la incidencia acumulada en las islas está en descenso, el sector del ocio educativo se ha encontrado con estas nuevas limitaciones (la primera modificación que sufren desde el 12 de septiembre) a su entender injustificadas. Torrens se explica acudiendo a los diferentes estudios científicos publicados últimamente (como uno del Hospital Vall d’Hebrón) que certifican que los menores tienen un potencial contagiador muy bajo.

Espiral y otras 50 entidades, recordó, trabajaron para poder ofrecer actividades ocio educativas y seguras durante el verano, diseñando y aplicando sus propios protocolos: un trabajo que fue exitoso al no detectarse apenas incidencias destacadas ni brotes en este tipo de actividades.

Para el coordinador de Espiral, parte del problema es que el sector del ocio educativo «no es de nadie». A pesar de cubrir importantes necesidades sociales, estas actividades no se entienden como servicios sociales y por ello no están regulados ni contemplados en la cartera de servicios ni de la conselleria de Asuntos Sociales ni del Consell (solo el ayuntamiento de Palma contempla los centros infantiles y juveniles, pero no puede regularlos).

Así, denuncian, no tienen normativa específica, ni ratios establecidas.... Y tampoco reciben recursos: no han recibido apoyos directos, ni equipos de protección, ni formación, como sí han recibido por ejemplo los centros de gente mayor.

«Los derechos de los niños no se han tenido en cuenta», denunciaba ayer Torrens en su cuenta de Twitter. «Y las entidades socioeducativas estamos solas», lamentaba: «Los golpecitos en la espalda y los reconocimientos puntuales no bastan, hace falta que los programaas socioeducativos estén en las carteras de servicios».