Las ayudas directas de subsistencia (como la renta mínima o el Ingreso Mínimo Vital) no están llegando ni a la mitad de la población de las islas que se encuentra en pobreza severa , que ya son 33.000 personas (el doble que antes de la pandemia). Además, la expansión del coronavirus deja a 320.000 ciudadanos de Baleares en condiciones de pobreza relativa, con "dificultades materiales". La cifra incluye a un "núcleo importante de trabajadores" y todo apunta a que este invierno estos dos indicadores "aumentarán".

Así lo ha advertido hoy Maria Antònia Carbonero, profesora e investigadora de la Universitat y miembro del Observatori Social de les Illes Balears (OSIB), que ha publicado el informe Primers impactes de la COVID-19 a la societat de les Illes Balears, que incluye datos hasta el pasado mes de octubre.

Carbonero ha razonado que ya antes del estallido de la covid-19 Baleares estaba marcada por el "trabajo precarizado", las "desigualdades sociales" y el difícil acceso a la vivienda. Las ayudas sociales directas han aumentado pero, como se ha indicado, solo dan cobertura al 50% de la población en pobreza severa y de estos ciudadanos no todos la están cobrando todavía. Aunque "se esté haciendo un gran esfuerzo" y "nadie se plantee la aplicación de políticas de austeridad", ha señalado, "es evidente que las ayudas no son suficientes y la situación es muy preocupante". Aunque se prevé que los indicadores de pobreza aumenten en invierno, ha razonado que resulta muy difícil hacer una estimación de hasta dónde escalarán las cifras dado que dependerá de varios factores (como la prolongación o no de los ERTEs, la vacuna y la puesta en marcha de la temporada turística, la mejor tramitación de las ayudas...).

"Se está haciendo un gran esfuerzo, pero es evidente que las ayudas no son suficientes y la situación es muy preocupante" Doctora Maria Antònia Carbonero, investigadora de la Universitat y miembro del Observatori Social de les Illes Balears

El investigador David Abril, que también ha coordinado el volumen presentado hoy, ha valorado que los ERTE han dado una importante protección a los trabajadores, pero "no han detenido el empobrecimiento" ya que, ha recordado, de primeras supusieron un descenso del 25% del poder adquisitivo de los ciudadanos afectados.

En el ámbito laboral cabe recordar que la pandemia ha hecho aumentar la desocupación y disminuir la afiliación a la Seguridad Social, y ha resultado especialmente afectado el sector del hotelería. En verano de 2020, la suma de los trabajadores acogidos a expedientes de regulación temporal de ocupación (ERTO) y de los parados representaba más del 40% de la población activa, la cual, por su parte, había menguado en 70.000 personas el segundo trimestre de 2020. Carbonero ha hecho mención especial al caso de la desocupación juvenil.

Abril, exdiputado de Més, ha insistido en que las desigualdades ya existentes antes de la pandemia, la precariedad laboral y las dificultades de acceso a la vivienda han sido las principales debilidades con las que el archipiélago ha tenido que enfrentarse a este parón económico y desafío social que ha supuesto el virus: "La amenaza de exclusión social sube, lo que plantea la necesidad de cambiar el modelo económico y más políticas públicas". Tanto Abril como Carbonero han valorado el papel del tercer sector y han destacado las redes creadas desde la sociedad civil y la importancia de la comunidad.

Durante la presentación del informe, se ha destacado que las mujeres se han visto más afectadas, por asumir más carga del trabajo de cuidados; por tener los trabajos en condiciones más precarias y muchas veces sin contrato (se ha mencionado el sector de las empleadas domésticas) y también por sufrir la violencia de género. Cabe recordar que los avisos al 016 y al servicio 24 horas del IBDona aumentaron con el confinamiento: según los datos del Govern en esos meses contactaron por primera vez con este servicio el 75% de mujeres usuarias.

Otra desigualdad que el informe evidencia es de tipo territorial: si en Valldemossa, la renta media es de 45.000 euros por hogar, en Vilafranca de Bonany no llega ni a los 30.000 euros. En Palma, zonas como Génova o Son Vida registran más de 85.000 euros por hogar, mientras que en el Camp Redó la renta es de poco más de 15.000 euros. Hay seis secciones censales donde más del 40% de la población vive con ingresos inferiores al 60% de la renta media estatal. Además, el estudio recoge que los datos de incidencia de la covid-19 por zonas básicas de salud sugiere que la población con el nivel de renta más bajo tiene más probabilidades de contagio.

La desigualdad se manifiesta también en la brecha digital, dado que un 22,3% de habitantes de las islas no tienen ordenador, algo que según ha razonado Abril puede ser una limitación importante en el acceso a derechos básicos como la educación, la información pública y los recursos básicos (para por ejemplo pedir una ayuda social).

El documento presentado hoy también muestra que la salud mental se ha agravado con la pandemia dado que el estrés, el insomnio y otros desórdenes psicológicos se han reflejado, por ejemplo, en el incremento del consumo de ansiolíticos. Así mismo, los investigadores consideran que es fundamental estudiar los efectos de la distanciación social para entender las relaciones sociales y la estigmatización de personas, colectivos y, incluso, territorios que son considerados vulnerables

El Observatori Social del les Illes Balears (OSIB), forma parte de la Cátedra de Innovación Social “la Caixa” de la Universitat de les Illes Balears. El trabajo presentado hoy es el primer informe social sobre los efectos que tiene la pandemia en nuestra sociedad y ha contado con el apoyo de la conselleria de Asuntos Sociales y Deportes. La doctora Maria Antónia Carbonero y David Abril han coordinado el volumen, firmado también por Fernanda Caro, María Gómez, Joana Maria Mestre, Isabel Nadal y Caterina Thomàs. El vicerrector de Innovación y Relaciones Institucionales, Jordi Llabrés y la directora territorial de CaixaBank en Baleares, María Cruz Rivera, también han participado en la presentación.

El objetivo del trabajo publicado es "recoger información para mejorar el conocimiento de la situación social de las islas; detectar situaciones emergentes, puntos críticos y respuestas innovadoras que faciliten la cohesión y la justicia social, y ser útil para formular políticas públicas".

300.000 euros para el Banco de Alimentos y Cruz Roja

El Consell de Govern aprobó ayer dos subvenciones directas a Cruz Roja y al Banco de Alimentos para que puedan adquirir alimentos y productos de primera necesidad para personas afectadas por la crisis económica derivada de la covid-19, por un total de 300.000 euros, como adelantó este diario. Habrá 170.000 euros para Cruz Roja y 130.000 para el Banco de Alimentos, detalló la portavoz del Govern, Pilar Costa. Ambas entidades han tenido un aumento de la demanda «a la que no pueden hacer frente» porque las campañas de solidaridad que hacían para recaudar alimentos no siguen al mismo ritmo que antes de la pandemia o a su inicio», añadió Costa. Es la segunda vez desde que comenzó la pandemia que Cruz Roja y el Banco de Alimentos reciben una aportación directa del Govern para hacer frente a la consecuencias económicas de la pandemia, ya que al inicio de la crisis recibieron 40.000 euros cada uno, recordó Pilar Costa.