Real reveló que se habían ofrecido hasta en tres ocasiones para realizar estas pruebas y que aún no han recibido ninguna respuesta oficial más allá de lo que han podido leer o escuchar en los medios de comunicación. «Me gustaría que me hubiese llamado (la consellera) porque tan solo se trataba de un ofrecimiento, no de una obligación», diferenció.
Sobre el último argumento de la consellera para negarse, esgrimido el pasado martes en el Parlament cuando descartó que las farmacias hicieran unas pruebas «muy invasivas» y dando más importancia a su trazabilidad (comunicación del resultado al Servei de Salut), Real lo calificó de argumento poco sólido.
Ya que, recordó, muchas farmacias cuentan con analistas, tanto dentro como fuera de sus establecimientos. Sobre la trazabilidad, el presidente apuntó «al programa de la receta electrónica o a cualquier otra plataforma» que se habilitase para ello.
El responsable colegial sí admitió que se trata de un asunto delicado porque habría que preservar la seguridad de todo el mundo con unos protocolos bien definidos. «No se podría hacer en todas», matizó Real asumiendo que las dimensiones de algunas boticas impedirían aplicar en ellas medidas para evitar contagios.
«La Administración tendría que ceder los test de manera que la prueba fuera gratuita para el usuario porque el farmacéutico no cobraría nada por realizarla», concluyó antes de subrayar que «este ofrecimiento no busca ninguna privatización de este servicio, es un ofrecimiento puntual durante esta pandemia», diferenció Antoni Real.