Hace exactamente 60 años que las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa), tres activistas políticas dominicanas fueron brutalmente asesinadas, por orden del dictador Rafael Trujillo, por el mero hecho de ser mujeres y luchar por sus derechos. Es por ello que desde los años 80, hombres y mujeres de todo el mundo conmemoramos el 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

En este año, que pronto va a finalizar, la violencia machista ha acabado con la vida de tres mujeres en Illes Balears dejando tras de sí hijos y familias devastadas, y una sociedad conmocionada. En toda España, los feminicidios ascienden a 41. Desde que se iniciaron las primeras estadísticas de violencia de género en el año 2003, nuestro país ha registrado 1.074 muertes de lo que podemos considerar una pandemia. No en vano, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió en 2019 de que el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres maltratadas y que eso se reproduce a diferente escala en todos los países del mundo. Según la propia ONU, hasta la fecha, sólo dos de cada tres países han prohibido la violencia contra las mujeres, mientras que en 37 estados todavía no se juzga a los violadores si están casados o si se casan posteriormente con la víctima. Además, en otros 49 estados todavía no existe legislación que proteja a las mujeres de la violencia machista. Un panorama desolador que nos interpela y deja al descubierto un largo camino por recorrer en la lucha contra esta lacra.

La violencia contra las mujeres es un fracaso colectivo que hace tambalear los principios de igualdad, respeto y justicia sobre los que se asienta nuestra convivencia pacífica. El asesinato es la máxima expresión del machismo sistémico que impregna muchos ámbitos de nuestra sociedad y se ceba con las víctimas más vulnerables de esta lacra: las mujeres mayores de 60 años, las mujeres con algún tipo de discapacidad y, muy especialmente, las menores de edad. Todo esfuerzo para visibilizar a estas víctimas es poco, como también lo es mantener la alerta ante las múltiples formas en que se perpetra este tipo de violencia y que van desde los micromachismos anclados en nuestra vida cotidiana, hasta la trampa tejida de modernidad en las redes sociales, donde se practica el ciberacoso y se promueve la cosificación de las mujeres, sobre todo, de las más jóvenes.

La erradicación de esta lacra social exige la coordinación de las actuaciones de todas las administraciones públicas, el trabajo conjunto de todos los actores sociales (empresariales, sindicales, educativos, culturales, ecológicos, feministas, etc.) y la complicidad de hombres y mujeres en romper con el silencio que encubre a esa violencia, como a tantas otras. En nuestro país, llevamos años trabajando en esa dirección, desde que fuera aprobada por unanimidad la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

En esta lucha incesante, el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se extiende más allá de la tarea de investigación de los casos y detención de los agresores. Las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) en el caso de la Policía Nacional y los Equipos Mujer-Menor (EMUME) en el caso de la Guardia Civil, intervienen desde el primer momento para atender y proteger a las víctimas, además de realizar una importante función de sensibilización y formación. Las Policías Locales en Illes Balears resultan una pieza fundamental en la lucha contra la violencia machista. Por ello, este año se ha renovado el convenio Viogén, el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género, con el ayuntamiento de Esporles y están en proceso de renovación los convenios de Palma, Calvià, Santa Eulària des Riu, Pollença, Campanet y Felanitx. Además, en 2020 han presentado la solicitud de adhesión al convenio Viogén otros municipios como Eivissa, Manacor, Alcúdia, Alaró y Sineu. Desde 2019, Inca, Valldemossa y Artà también están adheridos.

Durante el confinamiento domiciliario en el primer estado de alarma, las llamadas de ayuda de mujeres se incrementaron un 20% en Illes Balears. Y, de enero a junio de 2020, se registraron 2.762 denuncias de violencia de género en el archipiélago, frente a las 2.609 del mismo periodo de tiempo de 2019, según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Tenemos por delante el gran reto y la extraordinaria responsabilidad de lograr el empoderamiento de todas las mujeres que sufren la violencia machista. Debemos ampliar nuestra mirada a las víctimas para ver en ellas su enorme potencial y que consigan una autonomía e independencia social, emocional y económica. Es un desafío que debemos afrontar unidos y unidas como sociedad. No hay mujer que no tenga ese potencial. Se lo debemos a todas, a las que están y a las que permanecen en nuestra memoria. Se lo debemos a Patria, Minerva y María Teresa.

*Delegada del Gobierno en Illes Balears.