El Tribunal Superior de Justicia de Balears ha condenado a la empresa de Bartolomé Cursach, que explota el negocio del Megasport, por el despido ilegal de dos trabajadoras del gimnasio. Dos empleadas que no quisieron sumarse al acuerdo que habían alcanzado sus compañeros con la empresa, después de que el ayuntamiento de Palma ordenara el cierre del gimnasio al no cumplir las normas urbanísticas de la ciudad. La sentencia obliga a la empresa del magnate de la noche, investigado por graves delitos de corrupción, a readmitir a estas dos trabajadoras, o a indemnizarlas con más dinero del que estaban dispuestos a darles a ambas empleadas.
Este conflicto laboral deriva de la orden del ayuntamiento de Palma, que acordó en abril de 2018 la paralización de la mayor parte del gimnasio de Can Valero, debido a que las instalaciones no se ajustaban a la licencia municipal. Este incumplimiento urbanístico no era reciente, sino desde su construcción, por lo que el gimnasio de Cursach había estado funcionando durante más de 20 años incumpliendo las normas municipales.
A raíz de esta decisión de Cort, la empresa de Cursach inició una negociación con los 73 trabajadores. Anunció a los empleados que el negocio se cerraba, aunque se iba a presentar un nuevo proyecto para ajustarse a las normas que imponía el Consistorio.
La negociación se prolongó durante varias semanas. La empresa aludía que se había visto obligada a paralizar esta actividad por «razones económicas, técnicas, organizativas o de producción». La primera propuesta de Cursach fue ofrecer a los 73 trabajadores una indemnización de 20 días por año trabajado. Los empleados solicitaron 25 días por año trabajado y la empresa aceptó la propuesta. El convenio fue presentado a los trabajadores y por mayoría se aprobó. El despido de sus trabajadores del gimnasio le costó a Cursach algo más de 300.000 euros. La propia conselleria de Trabajo ya denunció este acuerdo con la plantilla, al detectar fraude de ley, si bien la demanda de la administración fue denegada.
Dos de las empleadas del Megasport no estuvieron conformes con el acuerdo que presentó la empresa. Se trataba de una monitora y de una recepcionista. Ambas acudieron al abogado y graduado social José Manuel Raya, del despacho DMS Consulting, para que las defendiera. Si bien en primera instancia la demanda se rechazó, finalmente el Tribunal Superior de Balears ha dado la razón a las dos empleadas. La Sala considera que el cierre del gimnasio no se produjo por las razones económicas y organizativas tras la orden del Ayuntamiento, como alegaba Cursach. La causa fue culpa exclusiva de la empresa porque al ampliar el Megasport se incumplieron las normas urbanísticas que motivaron el cierre del gimnasio.
