Mujeres de Mallorca salieron anoche a los balcones de sus domicilios para que se termine de una vez por todas el problema social que representa la violencia de género. Debido a las restricciones impuestas por la pandemia sanitaria, las asociaciones feministas limitaron las concentraciones. Hubo pocas manifestaciones en las calles, aunque las mujeres seguirán denunciando la situación de desigualdad que padecen frente a sus parejas. Las mujeres consideran que son inasumibles las cifras de violencia de género que se generan en Balears, que sigue a la cabeza de las comunidades autónomas con más número de denuncias de mujeres agredidas por sus parejas.
Por otra parte, IBDona decidió ayer retirar una campaña que había iniciado con motivo del día de la eliminación de la violencia contra las mujeres. El eslogan que se había presentado rezaba lo siguiente: «El morat el poses tu, no ell. No callis». Esta frase generó una polémica en ámbitos feministas de la isla. Por esta razón, se trasladó este malestar a las responsables de este organismo público, que decidieron retirar la campaña. Lo achacaron a un error de descoordinación del servicio de redes sociales.
CCOO denuncia el elevado número de casos de agresión
El sindicato Comisiones Obreras denunció que este año en Balears ya han muerto tres mujeres por violencia machista. Recordó también que el año pasado Balears encabezó la lista de la comunidad con la tasa más alta de mujeres víctimas de violencia de género. Se generan una media de 18 denuncias al día. Por ello, CCOO quiso dejar constancia de la gravedad del problema y de que cada día es mayor el número de casos de agresiones contra las mujeres.
Los psicólogos dicen que la covid aumenta los casos de violencia
El Colegio de Psicólogos de Balears advierte de que la pandemia sanitaria ha supuesto un incremento del número de episodios de violencia de género. Señala también que las rutinas diarias se han alterado y facilita que aumenten los conflictos cotidianas. Los psicólogos señalan que esta pandemia sanitaria ha puesto a prueba la capacidad de los servicios públicos para prestar atención a las víctimas, y consideran que estas mujeres reciban un trato especializado.
