El Govern aprobó ayer un decreto de medidas urgentes que regula la compensación de las pérdidas que la crisis de la covid-19 ha supuesto a las empresas que operan en las líneas regulares de transporte público interurbano en autobús de las cuatro islas mediante concesión, con el fin de paliar la situación con una aportación de 10,4 millones de euros.

El conseller de Movilidad, Marc Pons, precisó tras el Consell de Govern que estas ayudas proceden de las arcas autonómicas y estatales, aunque en ellas no se incluye a la EMT para la cual las ayudas «van por otra vía» que no precisó.

El objetivo es reducir el impacto para las cuentas de las empresas del descenso de la demanda a causa de la pandemia. Resaltó que la caída de la demanda ha llegado en algunos servicios hasta el 95 por ciento y que la reducción de usuarios se produjo no solo durante el primer estado de alarma, sino también en los meses posteriores en los que se concentra la mayor parte de la actividad turística. Así, la disminución de la población turística conllevó una reducción de usuarios del transporte regular en autobús de entre el 60% y el 85% en los servicios que habitualmente utilizaban.

Recordó que durante el estado de alarma decretado el 14 de marzo se limitó la ocupación de los vehículos a un 30 por ciento, que aumentó al 50 por ciento el 4 de mayo, con condiciones. En junio, la regla quedó fijada en la posibilidad de ocupación del 100% de asientos y el 50% de la capacidad en pie, siempre con mascarilla.

El Govern justifica las ayudas contempladas en el decreto aprobado ayer en la necesidad de mantener el servicio público de transporte que prestan las empresas concesionarias de las líneas interurbanas ante el fuerte incremento del déficit de explotación por la drástica caída de usuarios.

La estimación de la conselleria de Movilidad es que las ayudas alcancen los 5,9 millones de euros en Mallorca, 2,7 millones en Eivissa, 1,45 millones en Menorca y 350.000 euros en Formentera, según precisó Pons. Añadió que las ayudas solo están destinadas a los contratos del tipo «a cuenta y riesgo», que no tienen contratos a partir de los cuales la administración ya compensa el déficit de explotación.

El decreto establece dos tramos de compensación, para el período comprendido entre el 14 de marzo y el 31 de agosto, por un lado, y del 1 de septiembre al próximo 31 de diciembre. Las pérdidas se calcularán comparando los resultados de este año con los de 2018 y teniendo en cuenta lo que el concesionario haya podido ingresar de forma efectiva en 2020.