Balears efectuó un recuento metódico y muy ajustado de defunciones durante la primera oleada de la pandemia, según los datos delINE que contabilizan el impacto mortal desde marzo. Este comportamiento ejemplar no se ha trasladado a la segunda oleada, donde es posible que la contabilidad solo alcance a la mitad de la efectivamente registrada a causa del virus.
Esta contradicción aporta una posible explicación a otros índices de mortalidad referidos a 2020. La vicepresidencia de Pablo Iglesias publicaba esta semana los datos estatales sobre personas fallecidas en situación reconocida de dependencia, o con la expectativa de conseguirla tras la oportuna evaluación. Según adelantó este diario, las defunciones superaban en un millar, sumadas ambas categorías, a las que cabría esperar en Balears. En sí misma, esta cifra equivale a más de un diez por ciento de la mortalidad anual en la comunidad. Los datos del INE reflejarían este exceso. Al igual que se ha comprobado en otros países, la pandemia habría golpeado con especial fuerza a los colectivos más desfavorecidos.
Todas las regiones españolas comparten el exceso no atribuido de muertes, con Balears en el pelotón de las comunidades menos castigadas por el coronavirus. Sin embargo, también aquí sería contraproducente atribuir el exceso inexplicable a dolencias distintas a la covid, por cuanto cuestionaría seriamente las medidas adoptadas para frenar la propagación del virus.
En una situación paradójica, a las autoridades sanitarias les conviene que los fallecimientos imprevistos no adjudicados a la covid se correspondan con esa enfermedad. No es de descartar que acaben asignando el desfase a una fuga en la contabilidad de la covid, recorriendo el camino andado en sentido inverso.
Los dos centenares largos de fallecimientos que ha de explicar Balears se elevan a siete mil en Madrid, y a casi diez mil en Cataluña. De hecho, la concentración de las defunciones por encima de los ochenta años es compatible con datos mejorados en otros segmentos de edad.
