«Los principales responsables de que estén cerrando negocios son la Seguridad Social y Hacienda», afirma el presidente de la patronal Restauración-CAEB, Alfonso Robledo, que denuncia la imposibilidad de que un empresario con problemas de liquidez pueda negociar con estos organismos aplazamientos en sus pagos. El resultado, añade, es que se están embargando las recaudaciones que se registran por el pago a través del datáfono, que suponen entre el 70% y el 80% de las obtenidas en establecimientos como los de restauración.
«Los propietarios de los locales nos están ayudando con descuentos en los alquileres, al igual que los proveedores, que están aceptando aplazamientos en los pagos», pone en valor Robledo. Sin embargo, denuncia que esta negociación está resultando imposible con la Seguridad Social y Hacienda, especialmente ante la exigencia de que las relaciones con estos organismos sean telemáticas.
Falta de liquidez
«En estos momentos hay muchos empresarios que no tienen liquidez para pagar impuestos o las cuotas, pero en lugar de negociar la forma de saldar esta deuda lo que están haciendo es embargar toda la recaudación que se obtiene a través de los datáfonos» (pagos con tarjeta), y critica que con esas medidas lo único que se consigue es dificultar el pago de las nóminas a los trabajadores o, en el peor de los casos, generar el cierre definitivo del negocio.
Alfonso Robledo acusa a la Administración central de ser en este momento la primera responsable de la defunción de muchas pequeñas empresas por la falta de flexibilidad a la hora de ayudar a los negocios con problemas.
Esta queja refuerza las que se vienen lanzando desde otras organizaciones empresariales, desde las que se reivindican también medidas encaminadas a reducir las cargas fiscales que soportan las empresas, o un mayor compromiso a la hora de respaldar a los sectores más duramente afectados por la pandemia.
