El Ingreso Mínimo Vital, el escudo social ideado por el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias para ayudar a las personas sin ingresos, está colisionando con la Renta Social Garantizada que desde hace años otorga la conselleria de Servicios Sociales del Govern para estos colectivos que necesitan una prestación pública para cubrir sus necesidades básicas. Un número importante de personas que tenía la prestación autonómica fue obligada a solicitar la estatal y ha visto cómo pasa de entre 400 ó 560 euros, en función del número de hijos, a solo unos 200 euros mensuales o incluso algunos se han quedado sin ningún tipo de ayuda.
La consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, explicó que «las dos prestaciones son compensatorias y allí donde no llega el Ingreso Mínimo Vital (IMV) del Estado entrará la Renta Social Garantizada (RESOGA) del Govern». Se han detectado unos 250 casos de personas que recibían la ayuda social autonómica y han visto cómo, al solicitar por obligación de la ley la estatal, se han quedado sin ningún tipo de prestación o bien han visto cómo se reducía a la mitad.
Santiago indicó que para que las dos rentas se compensen y no dejen de percibirlas, deben volverlas a tramitar. Los parámetros que calculan en la Seguridad Social son diferentes. Por ello, desde el Govern están negociando con el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones asumir la gestión del Ingreso Mínimo Vital para evitar este tipo de problemas. Según la consellera Fina Santiago, las negociaciones están muy avanzadas y podría firmarse un convenio entre ambas administraciones en 2021.
Ventanilla única
El objetivo del Govern es agilizar los trámites de todas aquellas personas que están en situación o riesgo de vulnerabilidad. La consellera Santiago indicó que en estos momentos la principal preocupación radica en la llamada pobreza sobrevenida a raíz de la pandemia de la covid-19.
«Nosotros -explicó Fina Santiago- tenemos mucha más experiencia que la Seguridad Social, ya que hemos gestionado la RESOGA y las pensiones contributivas. Con el convenio conseguiremos agilizar los trámites y cuando venga a nuestra oficina una persona a la que no le concedan la ayuda del Estado o se la reduzcan, automáticamente podremos poner en marcha la prestación autonómica».
La consellera admitió que ahora, con las dos prestaciones, cuando se solicita el Ingreso Mínimo Vital pasan varios meses hasta que se emite una resolución. En el caso de que sea denegada o se cobre menos dinero, para compensarla con la prestación social del Govern se necesitan varios meses más de tramitación. Desde Servicios Sociales apuntaron que en estos casos en cuestión de semanas se tendrá una resolución y las personas sin ingresos no se quedarán en situación vulnerable.
Servicios Sociales ha exigido al Ministerio que para gestionar el IMV lo haga con el mismo sistema de las pensiones no contributivas: El Govern gestiona y quien paga es Madrid. Quieren evitar los problemas de la ayuda a la dependencia que el Gobierno da una cantidad fija anual y si hay más prestaciones que pagar las debe asumir la Comunidad.
Balears, a la cola en el IMV
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) solo beneficia en Balears al 5,2% de las personas que lo solicitaron cuatro meses después de haberse puesto en marcha, un total de 1.276 personas. Sin embargo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha reconocido el derecho a cobrar la prestación a 24.494 personas en las islas, del total de 26.387 solicitudes presentadas. Balears está a la cola en la tramitación de expedientes.
Estas cifras demuestran que hay un colapso en la tramitación por parte de la Seguridad Social que, según Servicios Sociales, se podría solucionar con la gestión autonómica de todas las ayudas sociales. La prestación autonómica, la RESOGA, la reciben 6.200 personas y 2.700 familias. El Govern repartirá en 2021 un total de 46 millones en ayudas sociales.
