El alquiler turístico es terreno abonado para el fraude en una Mallorca que suma miles de plazas legales e ilegales. Se sabe que estas últimas son muchas, aunque no están cuantificadas, y suelen ser fácilmente detectables en los anuncios publicados en portales especializados. El Govern ha impuesto multas por valor de más de cuatro millones de euros desde 2018, cuando aprobó la ley de alquiler turístico. No pagan todos los infractores, pero sí buena parte de ellos: siete de cada diez en 2018, único año del que hay datos.
La normativa buscaba poner orden en una actividad que apenas estaba regulada, entre otras cosas estableciendo un régimen de sanciones dirigidas contra todo tipo de infractores, desde el propietario de una vivienda que la alquila a turistas ilegalmente, a comercializadoras del tamaño de Airbnb, que por ahora ha encontrado amparo en la justicia ordinaria.
En 2018 los inspectores de la conselleria de Turismo abrieron 119 expedientes sancionadores por valor de 1,18 millones de euros. En 2019 hubo menos propuestas de sanción, 96, pero las cuantías de las multas sumaron 1,82 millones de euros, un 54% más. Este 2020 marcado por la pandemia se contabilizan de momento 53 expedientes que suman multas de 1,14 millones.
En todo caso, en el departamento que dirige Iago Negueruela estiman que este año la cuantía total de las multas superará los dos millones de euros cuando se incluyan 75 actas de infracción levantadas este verano y que están en tramitación. La cifra es llamativa porque, pese a que la actividad turística este estío ha sido marginal, 2020 se cerrará con récord de propuestas de sanciones.
Dos años de tramitación
Pero, ¿cuántas se cobran? Una parte significativa de las propuestas de sanción terminan empantanadas en recursos, primero ante la propia administración y después en los tribunales de justicia ordinarios. A veces es necesario agotar un plazo máximo de dos años para resolver los recursos, elevar una propuesta firme de sanción y ejecutar el pago, por lo que solo hay datos consolidados de 2018.
Aquel año, el de la entrada en vigor de la normativa, Turismo ingresó un total de 785.255 euros en concepto de multas por diversas infracciones en materia de alquiler vacacional. Es decir, el Govern acabó cobrando el 70% de la suma de las sanciones propuestas. El otro 30% de expedientes, que sumaban unos 340.000 euros en sanciones, se resolvieron a favor del usuario en la justicia ordinaria o se archivaron después de que la empresa o persona sancionada pudiera demostrar que alquilaba legalmente a turistas.
Buena parte de los procedimientos sancionadores abiertos en 2019 todavía no se han cerrado al estar pendientes de distintos recursos, por lo que Turismo desconoce todavía qué cantidad ingresará por este concepto.
Dificulta la persecución de infractores un cuerpo de inspectores insuficiente para rastrear un sector saturado de oferta, legal e ilegal, y la estrategia de las grandes plataformas de acudir a los tribunales de justicia en busca de auxilio.
El caso paradigmático es el de Airbnb, que en 2018 fue multado con 300.000 euros por comercializar oferta ilegal en su página web. La plataforma recurrió a la justicia y el TSJIB le ha dado la razón. Como consecuencia, y a la espera de conocer lo que decida una instancia superior, el Govern ha dejado de perseguir a estas operadoras.
En 2019 Turismo sancionó con 300.000 euros a TripAdvisor por anunciar viviendas vacacionales ilegales y en este caso sí abonó la multa, pero esta plataforma ha sido por ahora la excepción.
Presupuestos Turismo prevé ingresar 2,5 millones de euros en multas en 2021
Los presupuestos de Balears para 2021 prevén un ingreso de 2,5 millones de euros en concepto de multas por infracciones en materia turística, lo que incluye irregularidades en alquiler vacacional y también en hoteles. La multa por una infracción grave –la más habitual– era de 6.000 euros en la ley de 2012, pero con el cambio de normativa en 2018 las cuantías ascendieron a 20.000 euros.
Admitir la falta por escrito y pagar en plazo implica un descuento del 40%, por lo que la multa se quedaría en 12.000 euros. Otro camino es negar la infracción e iniciar un largo periplo administrativo y judicial. En caso de perder, el infractor se enfrenta al pago íntegro de la sanción más los intereses. La tercera opción es pagar pero sin admitir la falta y reservarse la posibilidad de recurrir a la justicia.
